Corren a fiscal y crean nueva unidad antilavado

Alejandra Gils Carbó

El fiscal federal Raúl Pleé se quedó desde ayer sin la unidad de investigaciones especializadas contra el lavado de dinero. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó la nueva Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que absorberá las tareas de la unidad que se encontraba a cargo de Pleé y otra oficina enfocada a los delitos contra la administración pública (OCDAP) que lideraba la fiscal Sabrina Namer.

Un mes atrás, Gils Carbó le había adelantado a este diario su intención de «fortalecer las unidades especiales» mediante el nombramiento de fiscales de tiempo completo y con labores coordinadas. La nueva procuraduría (Procelac) quedó a cargo del fiscal general subrogante ante los tribunales orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Carlos Gonella. El funcionario fue premiado por haber obtenido hasta ahora la única condena por un delito de lavado de activos.

Esa sentencia solitaria fue, precisamente, el argumento central que esgrimió Gils Carbó para reformular las tareas del Ministerio Público relacionadas con la investigación de los delitos económicos. Cerca de la procuradora explicaron que además del único caso por lavado hay registros de apenas cinco condenas por quiebras fraudulentas. El apartamiento de Pleé se da, además, menos de una semana después de que su colega Jorge Di Lello pidiera el cese de sus funciones de colaborador fiscal en la causa Ciccone.

En rigor, la causa Ciccone terminó por convertirse en el escenario de un enfrentamiento entre ambos fiscales que tuvo otros dos ejes: por un lado, la oposición de Pleé a un nuevo mandato de Di Lello como vicepresidente de la Asociación de Magistrados por la triunfante Lista Bordó. Por otro, las dudas de Di Lello respecto de la labor de Pleé en el expediente por la firma calcográfica y también en la causa contra Sergio Schoklender.

Gils Carbó presentó ayer la Procelac en un acto que contó con la presencia del exjuez y extitular de la Oficina Anticorrupción José Massoni y del vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP, una organización ligada a los auspiciantes de la denominada «seguridad democrática»), Alberto Binder.

Según la Procuración, las causas por grandes fraudes bancarios y financieros llevan un promedio de duración de 14 años y muchas de ellas terminan prescriptas antes de llegar a juicio.