27 de agosto 2018 - 23:50

Corrupción: lo que yace debajo de lo evidente

Corrupción: lo que yace debajo de lo evidente
Exfuncionarios de altísimo rango presos. Sindicalistas convertidos en empresarios procesados. Empresarios convertidos en hampones arrepentidos. Cuadernos con una narrativa abundante, precisa y salvaje. Exjueces con jubilaciones millonarias llorando con congoja porque denuncian que han sido "agarrados del cogote" para sepultar causas. Un exvicepresidente condenado a prisión por primera vez en la historia. Una pareja de expresidentes que cogobernaron el país durante doce años acusados de liderar la mayor estafa a los recursos públicos de la que se tenga registro. Y en un escenario que supera a la ficción, un chofer meticuloso acabó desnudando la ingeniería macabra, que con engranajes múltiples, dejó tierra arrasada, agrietada, empobrecida y humillada.

Varios otros personajes nefastos completan la postal sociopolítica de la Argentina de hoy, en las que abundan bolsos, bóvedas, cuevas, más cuadernos, expedientes y por supuesto, un aluvión de arrepentimiento súbito. Tantas noticias chocantes y apenas se asoma lo evidente de una década nefasta, donde el Estado se convirtió en el enemigo del ciudadano. Queda librado a la imaginación, y al arduo trabajo de los tribunales federales, la inmensa oscuridad que yace debajo.

¿Por qué se destapó ahora y no antes? A partir del Gobierno de Cambiemos, existe la voluntad política de enfrentar la corrupción sistémica, la mafia sindical, los pseudo empresarios malhechores, los políticos que tratan al erario público como si fuera un kiosco propio del que se puede disponer a gusto y placer. La lucha contra la corrupción es una política de Estado y este Gobierno ha venido a plantear una reforma significativa en la manera de entender la ley. Para hacerle frente al crimen organizado (del que a menudo son parte personas influyentes y poderosas), se han sumado a nuestro universo jurídico herramientas modernas que se complementan para acelerar y posibilitar la justicia.

Entre ellas, podemos celebrar la incorporación de la figura del arrepentido. Sin ella, los pactos de silencio al estilo "cosa nostra" hubieran impedido que se encuentre el origen desde donde se creaban las estrategias para defraudar al pueblo. Funciona de manera simple: un involucrado aporta información relevante a cambio de algún tipo de beneficio procesal.

También es importante haber promulgado la ley de acceso a la información pública, que obliga a los tres poderes del Estado, a partidos políticos, empresas y gremios, entre otros, a responder los pedidos de información de cualquier argentino. Implica darle más poder al ciudadano y menos discrecionalidad a los funcionarios, para que no sean vistos como titanes o faraones, sino como lo que son: servidores públicos.

Adicionalmente, se promulgó la ley de responsabilidad penal empresaria, que facilita la cooperación de las empresas en los casos en que se investigue la corrupción. Las empresas deberán implementar, entre otros recaudos, un "programa de integridad". Similar a la ley del arrepentido, contiene la posibilidad de acuerdo por "colaboración eficaz", por el cual a cambio de la entrega de información útil se puede reducir la pena a la empresa en caso de una causa por corrupción.

Otra ley importantísima para enfrentar la corrupción y recuperar los bienes que han sido adquiridos de manera ilegal es la de extinción de dominio, que se acaba de aprobar en el Senado de la Nación y vuelve a diputados próximamente para su revisión. Implica recobrar los bienes mal habidos por corrupción y reincorporarlos a la esfera de bienes públicos. Particularmente, necesitamos luchar para que esta ley resulte aplicable, también, a los culpables de corrupción que desangraron a este país en los últimos años.

Estas son algunas de las normas que han permitido dar pasos gigantes en contra de un mal endémico que ha erosionado nuestro tejido social a niveles muy profundos.

Economistas de la UADE, basados en una estimación de 10% de coimas, y un sobreprecio de la obra pública del 25%, llegaron a la siguiente conclusión: por cada millón de pesos que se invierte en Argentina, más de 400 mil pesos son para repartir entre los participantes de la red de corrupción. Pero varios analistas sugieren que el latrocinio perpetrado por el crimen organizado entre políticos, empresarios e intermediarios podría llegar al tamaño de un PBI, o sea, alrededor de u$s200.000.000.000 (doscientos mil millones de dólares). No puede haber otro resultado que un Estado debilitado y obligado a tomar medidas antipopulares para tomar envión y encarar con fuerza el presente.

La corrupción impune es causa de involución, desesperanza, frustración permanente, de desconfianza por parte de empresarios que quieren invertir en un país enorme y rico en todo tipo de recursos y, sobre todo, un mensaje de sálvese quien pueda para los argentinos, de habilitación de la supervivencia del más fuerte; un estigma difícil de borrar en el inconsciente colectivo.

Solamente conseguiremos desatar nuestro enorme potencial creando y apoyando normas como las que Cambiemos ha venido incorporando durante este Gobierno, para lograr una administración pública de calidad, responsable, comprometida, sumada a una justicia cercana y transparente, que avive el entusiasmo y el espíritu de sacrificio de todos los argentinos. Para que todos, en fraternidad y en paz, sintamos respeto por nuestra gran nación.



(*) Presidente de la Comisión de Justicia HCDN. Diputado Nacional. UCR - Cambiemos

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