Corte declaró constitucional el impuesto al cheque en las cuentas bancarias

Edición Impresa

La Corte Suprema declaró la constitucionalidad del impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias. Resolvió -por mayoría- que las disposiciones de la Ley 25.413, el decreto 380/01 y la resolución general de AFIP 1135/2001 vinculadas con el impuesto a los créditos y débitos resultan constitucionalmente válidas. Lo decidió en el caso específico de una sociedad que depositaba en forma habitual sumas en efectivo en la cuenta de su proveedor debe pagar el impuesto. Se trata del expediente caratulado "Piantoni Hnos", en la que la Corte Suprema resolvió, por mayoría, que las disposiciones de la ley 25.413, el decreto 380/01 y la resolución general (AFIP) 1135/2001, relacionadas con el impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operaciones, resultan constitucionalmente válidas.

La empresa -distribuidora mayorista de cigarrillos y productos de tabaco-, cuestionó la constitucionalidad de esas normas conforme a las cuales, su operatoria, consistente en depositar, en forma regular, dinero en efectivo en la cuenta bancaria de su proveedora, constituía un sistema organizado de pago que permitía reemplazar el uso de cuentas bancarias en el ejercicio de una actividad económica y, en consecuencia, se encontraba alcanzada por el impuesto.

La Corte Suprema, por mayoría, confirmó la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había dispuesto mantener la resolución de la AFIP por medio de la cual se determinó de oficio la obligación tributaria de Piantoni Hermanos. Los jueces Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, recordaron que de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución sólo el Poder Legislativo puede crear impuestos y modificar sus elementos sustanciales. Examinaron las normas involucradas en el caso y concluyeron que los elementos del impuesto cuestionado habían sido expresamente establecidos por una ley emanada del Congreso y que tanto su decreto reglamentario como la resolución 1135 de la AFIP, no habían modificado o alterado ninguno de esos elementos ni lo habían ampliado con el fin de abarcar situaciones nuevas o no previstas en la ley, por lo que se cumplía plenamente con la manda constitucional.

En función de ello concluyeron que la modalidad de pagos que utilizaba la empresa actora se encontraba incluida dentro de los supuestos descriptos por el legislador y, en consecuencia, alcanzada por el impuesto. Asimismo, sostuvieron que no significaba obligar a Piantoni Hnos. a depositar el dinero que recibía de sus clientes en sus propias cuentas bancarias, sino que sólo establecía que si el movimiento de fondos no se realizaba a través de ellas, traía como consecuencia que la alícuota del impuesto resultara mayor. Carlos Rosenkrantz coincidió con la decisión agregando que el hecho imponible fue ampliado por la vía de la ley 25.453. Finalmente, Ricardo Lorenzetti, en su voto en disidencia, consideró inconstitucional la norma que se cuestionaba porque no respetaba el principio de legalidad ya que era por demás genérica e indeterminada y no contenía todos los elementos necesarios para producir el nacimiento de una obligación tributaria. Sostuvo que no podía ser constitucionalmente aceptada la definición de hechos imponibles inasibles y de gran amplitud que no permitían determinar cuál era la conducta que se pretendía someter al pago del impuesto.

Dejá tu comentario