Corte desempató en puja de jueces por Riachuelo

Ricardo Lorenzetti y Leandro Despouy

La Corte Suprema de Justicia retomó ayer un expediente vinculado a la causa por la cual el máximo tribunal ordenó hace seis años la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo. Los ministros dirimieron un conflicto entre dos jueces que no querían intervenir en la apelación de una curtiembre contra una multa de la agencia ambiental bonaerense. Con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco la Corte le ordenó tratar el caso al juez federal de Morón Jorge Rodríguez.

La Dirección Provincial de Controladores Ambientales le había impuesto dos multas a la empresa por considerar que ésta había almacenado residuos especiales en recintos no separados, que no contaba con un sistema de recolección y concentración de posibles derrames, por no llevar un libro de operaciones y por carecer de la declaración jurada de residuos especiales.

La firma apeló en la Justicia de Lomas de Zamora, pero allí declinaron de tratar el caso al considerar que la empresa se encontraba en la zona de injerencia del ente Acumar, por lo cual la competencia era federal. En tanto, el juez Rodríguez entendía que el caso debía quedar en la órbita provincial al tratarse de una multa impuesta por una dependencia de la gobernación bonaerense.

La Corte se basó en que la provincia de Buenos Aires se adhirió a la Ley 26.168 que articuló las funciones de Acumar y por eso entendió que el caso debía ser tratado por Rodríguez.

El caso del Riachuelo vuelve a aparecer como un asunto espinoso para la Corte. Los ministros han detectado que las acciones de saneamiento de la cuenca no han presentado los avances esperados. Al mismo tiempo, la investigación por las supuestas irregularidades en las contrataciones de empresas que debían intervenir con dicha misión y que denunció la Auditoría General de la Nación tampoco arrojó novedades. Semanas atrás Lorenzetti inauguró la Oficina Ambiental del máximo tribunal y confirmó que estos issues son importantes para su gestión.

El juez Rodríguez ha desarrollado varias reuniones con el jefe de Acumar, el secretario de Medio Ambiente Juan José Mussi. En algunas incluso participaron los intendentes Darío Giustozzi (Almirante Brown) y Jorge Ferraresi (Avellaneda). En esos cónclaves se escucharon diagnósticos que llegaron a la Corte. Se dijo, por ejemplo, que si bien Acumar puede realizar acciones de saneamiento, si no se frenan los derrames industriales es lo mismo que nada. Por su parte, el juez contó que después de la denuncia de la AGN no fue sencillo encontrar firmas del sector privado que quisieran intervenir.

Si bien Lorenzetti suele manifestar un trato cordial con el auditor Leandro Despouy (que, por cierto, revisa todos los años las cuentas de la Corte), el informe sobre la causa del Riachuelo dejó un entuerto que de tanto en tanto sobrevuela diversas conversaciones, especialmente en las últimas semanas, cuando el radical conoció el dato de que el representante de los abogados en la Magistratura, Daniel Ostropolsky, se mostró entusiasmado con su cargo y que sus aspiraciones tendrían cierto eco en la Corte.

Por su parte, el abogado mendocino, cuando le preguntan, dice que él apoyó en todo momento la gestión de Despouy en la AGN (que en 2013 vivió una suerte de putsch interno en la UCR que luego no prosperó) y que está abocado a terminar bien su estadía en la Magistratura, que volverá en agosto con asuntos candentes. Para tener en cuenta.

Por otra parte, desde el pasado lunes los abogados de Google circularon por algunos despachos del cuarto piso a la búsqueda de una señal del fallo de la Corte sobre el llamado Derecho al Olvido que, les dijeron, podría conocerse apenas termine la feria judicial de invierno.