Crece cerco judicial sobre policías que se amotinaron

En diciembre pasado, los motines policiales tuvieron en vilo al país. En las últimas horas, nuevas señales de malestar en Córdoba y Entre Ríos encendieron luces de alerta en las gobernaciones y en la Casa Rosada.

En medio del fantasma de un rebrote de las protestas policiales en el país, los gobiernos provinciales y la Justicia endurecieron en las últimas horas su reacción frente a los uniformados que protagonizaron revueltas en diciembre, escenario que dio paso a una ola de trágicos saqueos en varios distritos.

En esa línea, en Córdoba y Tucumán los Ejecutivos aceleran "purgas" de la fuerza, mientras que en Entre Ríos es inminente la imputación de una veintena de efectivos por el delito de sedición y en tierra mediterránea serán indagados mañana 16 policías detenidos.

Las señales emanaron fuerte también desde la Casa Rosada, que con premura envió cerca de 1.000 gendarmes el jueves a Córdoba, tras el pedido de rigor del díscolo mandatario peronista José Manuel de la Sota y luego de versiones sobre un nuevo acuartelamiento para exigir mejoras laborales, lo que derivó en el pase a situación pasiva de cuatro efectivos.

"Vamos a enviar mil agentes de las fuerzas federales a Córdoba para evitar cualquier tipo de acción que implique medidas de carácter extorsivo", enfatizó por esas horas el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

El monitoreo nacional in situ -a manos del secretario de Seguridad, Sergio Berni- alcanzó también a Entre Ríos, donde el pasado viernes una veintena de efectivos de la Policía llevó adelante una volanteada a la vera de la Ruta Nacional 14, en los accesos a las localidades de Concordia y Gualeguaychú, en reclamo de que se respete el acuerdo sellado en diciembre con el justicialista Sergio Urribarri.

Veamos algunas de las estrategias desplegadas en las provincias:

• En Entre Ríos, el procurador general Jorge García confirmó que tras la feria judicial va a "imputar concretamente" a una veintena de policías que participaron de la revuelta de diciembre, al tiempo que la Justicia provincial ya condenó a dos civiles que admitieron haber participado de los saqueos.

"Esto es clarísimamente sedición, lo mismo que instigación a los robos calificados", aseguró el funcionario, en referencia al autoacuartelamiento y a los saqueos, que dejaron tres muertos en Concordia.

Según García, "el quebrantamiento de la norma no tiene ninguna posibilidad de ser olvidado ni negociado".

El titular de la Procuración General respaldó además la marcha atrás de Urribarri sobre acuerdos salariales alcanzados en diciembre, durante las medidas de fuerza. "Fue muy válido para apaciguar, porque Concordia era una ciudad atrincherada", argumentó.

• En Córdoba, en tanto, el fiscal Raúl Garzón indagará mañana a los 16 policías detenidos por supuesta instigación al autoacuartelamiento estallado a principios de diciembre en tierra mediterránea, que dio paso a una oleada de saqueos en la capital provincial.

Por la rebelión, se encuentran detenidas además una exagente y la esposa de un efectivo.

Por su parte, De la Sota pasó el viernes a "retiro obligatorio" a 23 efectivos -bajo el argumento de una "reestructuración de la fuerza"-, que se sumaron así a otros 5 desafectados.

• En concordancia, en Tucumán el Gobierno del justicialista José Alperovich pasó a retiro en las últimas horas a 25 comisarios de la Policía, a un mes del autoacuartelamiento que derivó en saqueos, con el saldo de 6 muertos.

• En Catamarca, por lo pronto, el Gobierno de la justicialista Lucía Corpacci confirmó que será respetado el acuerdo salarial con los uniformados, en medio de la marcha atrás desplegada por otros mandatarios.

"El acuerdo tiene plena vigencia, y ya aplica, pues percibirán sus nuevos haberes a partir de enero de 2014", aseguró el secretario de Seguridad, Juan Pablo Morales.

"Representa un gran esfuerzo para las finanzas de la provincia, pero el acuerdo ya tiene plena vigencia y se cumplirá con el compromiso asumido oportunamente y el aumento salarial ya está ratificado", dijo.