Crece el número de policías asesinados

La inseguridad en la Argentina no es una sensación ni fruto de la «violencia globalizada». Es un cóctel explosivo de erróneas políticas de estado.
Basta con reflejar algunos aterradores números de los últimos 10 años en materia de seguridad.
- Entre 1999 y 2008 la Policía Federal Argentina perdió en enfrentamientos armados, 227 efectivos, 8 en 1999, 35 en 2000, 48 en 2001, 44 en 2002, 35 en 2003, 9 en 2004, 15 en 2005, 10 en 2006, 11 en 2007, y 12 efectivos en 2008.
- En ese lapso la Policía de la provincia de Buenos Aires perdió 980 efectivos. A razón de 83 en 1999, 87 en 2000, 84 en 2001, 90 en 2002, 51 en 2003, 104 en 2004, 106 en 2005, 120 en 2006, 140 en 2007 y 115 efectivos en 2008.
Estos números dan cuenta de que sólo en Capital Federal y conurbano bonaerense son más de 1.200 los policías muertos en enfrentamiento armados en los últimos 10 años, con el agravante de una tendencia en alza en lo que va de 2009.
Estamos hablando de casi un promedio exacto de 100 hombres por año en una población que, aglomerada en Ciudad de Buenos Aires, conurbano y Gran Buenos Aires, es de alrededor de 15 millones de habitantes.
Una sociedad que pierde a manos de delincuentes casi siete policías cada millón de habitantes por año, está en estado de indefensión.
Como comparación, en Chile, un país de 16 millones de habitantes, hubo una gran preocupación de la presidenta Bachelet porque durante los últimos cinco meses de 2008 fueron asesinados cuarto carabineros y ocho durante todo el año, (0,5 de policía cada millón de habitantes).
En Uruguay, donde viven 2,5 millones de personas, en 2008 murieron tres policías y 11 entre 1996 y 2000 a razón de 2,2 por año (0,8 de policía por cada millón de habitantes).
En México, en la Ciudad de Juárez (1,5 millón de habitantes) una de las más violentas del mundo, hubo durante 2008 120 policías asesinados y en Sinaloa (1 millón de habitantes), otra ciudad controlada por el narcotráfico, 130 policías muertos.
Así, podríamos recorrer el mundo para darnos cuenta de que nuestras fuerzas policiales son de las más vulnerables del mundo.
Es una utopía reclamar por la seguridad al Gobierno de un país, donde quienes deberían velar por la vida y los bienes de todos sus habitantes no pueden hacerlo con la propia.
Como Estado no se debería delegar todo el problema de la seguridad en la educación, la salud, la contención familiar, los subsidios y en la acción social; también es necesario poseer y ejercer el monopolio de la Justicia y el de la fuerza pública con políticas que tiendan al fortalecimiento de todas sus instituciones.
Hay que fijar reglas claras de convivencia, con premios y castigos; restablecer medidas de prevención del delito ejerciendo el «salvataje» a través de retirar de la vía pública, como obligación legal, a ebrios, toxicómanos, menores en riesgo y delincuentes primarios de poca monta, para ser entregados a instituciones de recuperación y no de castigo salvaguardando así sus propias vidas y las de terceros; y ejercer una efectiva justicia privativa de libertad para delincuentes violentos, violadores, homicidas y, fundamentalmente, traficantes de droga.
Según las últimas estadísticas, el 66% de los internos alojados en los institutos carcelarios del país padece algún tipo de adicción, mientras que en el caso de los menores asciende al 75%, siendo la edad de inicio a los 10 años de edad como promedio.
Con todo lo dicho, que lamentablemente no es todo, nos encontramos en una encrucijada. ¿Podremos salvarnos como Estado y como sociedad de la autodestrucción?

(*) Comisario retirado de la Policía Federal Argentina, herido en y por acto de servicio.