Gobernar sin presupuesto es un escenario que se vio en varias ocasiones en la historia reciente de un país, pero nunca un Presidente apeló a reconducir por decreto el anterior ante la falta de esa ley. El cálculo es simple: la Ley de Administración Financiera se sancionó en 1992, para reemplazar la vieja Ley de Contabilidad Pública y desde ese momento sólo en diciembre de 2001, en medio de la salida del Gobierno de Fernando de la Rúa, el Congreso dejó de aprobar el Presupuesto.
En esa ocasión, Eduardo Duhalde ni siquiera apeló a corregir la falta de la ley y envió un nuevo proyecto de presupuesto que comenzó a debatirse en marzo.
Ahora Cristina de Kirchner se deberá ajustar al artículo 27 de la Ley de Administración Financiera del Estado y los Órganos de Control que no sólo establece el remedio para la falta de una ley de Presupuesto nacional sino que también fija los límites de cómo deberá gobernar un presidente asignando fondos por decreto.
En realidad, la falta de Presupuesto de alguna forma destruye todo el andamiaje de asignación de gasto y previsión de recursos ya que borra muchos límites que el Congreso normalmente le impone al Poder Ejecutivo, aunque en la Argentina gracias a los superpoderes esas limitaciones desaparecen con ley o sin ley. De ahí que no pareciera preocupado el Gobierno al final de las sesiones ordinarias en que la oposición no le aprobara la ley.
«Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el Presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los siguientes ajustes que debe introducir el Poder Ejecutivo Nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados», arranca ese artículo.
Allí establece entonces los límites que tendrá Cristina de Kirchner para manejar fondos durante 2011:
Pero a fuerza de reasignar partidas y sumar recursos y gastos, aún le quedan excedentes al Gobierno por más de $ 6.000 millones como para contabilizar contra este año.
Finalmente una reforma de 2003 facultó al jefe de Gabinete a adecuar el Presupuesto «a los efectos de incorporar las partidas presupuestarias ejecutadas durante el período en que haya regido la prórroga aquí prevista, sin exceder el total de créditos aprobado por la Ley de Presupuesto del año correspondiente».
Es decir, nuevamente Cristina de Kirchner deberá apelar a un DNU para incrementar el monto total del gasto, tal como lo viene realizando el Gobierno en los últimos seis años.

