2 de enero 2009 - 00:00

Cristina quiere moratoria y blanqueo en febrero

Bajo perfil y pocos invitados hubo el martes en la asunción de Ricardo Echegaray como titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quien sólo estuvo acompañado por sus futuros colaboradores y su antecesor, Claudio Moroni.
Luego, el ex titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y Dirección General de Aduanas (DGA) comenzó a ordenar su nuevo escritorio, aclarando a todo el que se le cruzó que ya conoce los resortes básicos del lugar, al ser un hombre «de la casa», en referencia a su pasado aduanero.
Y sin perder tiempo, comenzó los relevos de áreas neurálgicas del organismo como el control de las bases de datos. Desplazó al director de Informática, Jorge Linskef, y designando a la subdirectora Silvia Brucciamonti, quien ostenta varias décadas en el organismo e integra, además, el grupo de intelectuales kirchneristas Carta Abierta. También trajo de la ONCCA a una técnica muy cercana, Beatriz Scarpalo, como subdirectora técnica y legal. Respecto de las ratificaciones, confirmó a la directora de la Aduana, María Tirabassi, y a Ángel Toninelli a cargo de la DGI.
Mientras tanto, en la Casa de Gobierno Cristina de Kirchner interrogaba a sus colaboradores más cercanos si Echegaray ya tenía las instrucciones que le habían dictado desde Olivos un día antes: que la eliminación de la tablita de Machinea tenga rápida ejecución y que rápidamente se reglamenten los dos proyectos tributarios más ambiciosos del Gobierno para este año, el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva.
En el primer caso, la aplicación comenzó ayer y el desafío de Echegaray será que no haya problemas cuando en las próximas semanas las empresas y el sector público tengan que calcular los salarios con el nuevo esquema. Para el caso del blanqueo y la moratoria, el nuevo recaudador tendrá no más de 20 días para que todas las resoluciones ya hayan aparecido en el boletín oficial y estén disponibles para los eventuales interesados. En principio, los dos proyectos tendrán que estar operativos y aportando dinero al Gobierno este mes.
Ambos proyectos serán estudiados de cerca por Echegaray en las próximas horas, para concentrarse en los próximos 15 días en su puesta en funcionamiento.
En el caso de la moratoria, el funcionario tiene en mente concentrar los esfuerzos en que sean las pymes las que se anoten en primer lugar. No porque los ingresos esperados de este sector influyan en el resultado general, sino porque la Presidente pidió poder mostrar rápidamente a pequeñas y medianas empresas ayudadas por el plan oficial.
Para mediano plazo, obviamente, la idea es que sean las grandes compañías y contribuyentes los que se sumen al listado de regularizaciones tributarias. Si por esta vía el Gobierno obtiene en 2009 unos $ 2.000 o
$ 3.000 millones de recaudación (sólo por los pagos al contado para ingresar y las primeras cuotas de cumplimiento), el proyecto se considerará exitoso. Después, casi no importará si en 2010 o más adelante los planes caen por falta de interés, como habitualmente sucede en este tipo de facilidades tributarias.
En el caso del blanqueo, el desafío es mayor. Echegaray tiene que lograr que se regularice la mayor cantidad de dinero posible, evitando las acusaciones directas de poco control al lavado de dinero que la oposición le hace al Gobierno con este proyecto. Además, y a diferencia de la moratoria, el blanqueo tiene un techo concreto, que son los más de u$s 100.000 millones que se supone los argentinos tienen fuera del sistema financiero e impositivo local y que podrían ser blanqueados. La llegada de este dinero debería favorecer la recaudación de Ganancias y de Bienes Personales, cuyos anticipos y liquidaciones de abril se prevén algo lánguidas contra los récords que se rompían en los ejercicios anteriores. Además, Echegaray tendrá, de más o menos cerca, un veedor peligroso. Se trata del ex AFIP Alberto Abad, que hace pocos días calificó como un paso atrás la moratoria y el blanqueo, y como proyectos que bombardeaban su intento de crear una «cultura tributaria». Precisamente, este eslogan de los años de Abad será una de las primeras herencias que el actual recaudador tratará de cambiar, no por no compartir el mensaje, sino por el enfrentamiento con su creador.
El decreto de designación de Echegaray se publicará hoy en el Boletín Oficial, lleva el número 2.284 y fue firmado por Cristina de Kirchner; el jefe de Gabinete, Sergio Massa; y el ministro de Economía, Carlos Fernández.

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