El detenido exfuncionario de Planificación Federal, Rafael Llorens apeló a la Cámara Federal de Casación Penal y manifestó que está preso "porque no aceptó someterse a la extorsión judicial ejecutada" por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa de los cuadernos. Por esto, pidió al tribunal un entrecruzamiento de llamados y mensajes de los teléfonos del fiscal, el juez, el ministro de Justicia Germán Garavano, Elisa Carrió, el sindicado operador judicial Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, y varios de los empresarios arrepentidos, con el presunto objetivo de demostrar que la causa está "guiada políticamente". La defensa del exfuncionario pidió que se lo libere y señaló una "doble vara" en lo que respecta a las prisiones preventivas: Citó como ejemplos a Paolo Rocca y al primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. "En el peligrómetro de entorpecimiento de la investigación, del 1 al 10, Rocca y Calcaterra están sin dudas en 10", apuntó. Otro dato que remarcó para demostrar la violación de la Ley N° 27.304 del arrepentido "es el incumplimiento del art. 6 de esa ley que obliga registrar la declaración de los arrepentidos mediante medios técnicos idóneos que permitan su control posterior".
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