Cuenta regresiva: un año para desinvertir en cables

El Gobierno disparó ayer la cuenta regresiva para los grupos que cuenten con más licencias de servicios audiovisuales que las que autoriza la Ley de Medios, se desprendan de éstas, según lo que estipula el artículo 161 de dicha ley; es decir, lo que se conoce como «proceso de desinversión».

La resolución 297/2010, publicada ayer en el Boletín Oficial, establece que desde tal fecha rige el plazo de un año para que se opere, de manera voluntaria, esa transición. El Gobierno avanzó en este punto a pesar de que la ley sigue suspendida por un fallo judicial y de que ese punto específico está trabado por otros tres fallos distintos y a la espera de una decisión de la Corte. Ante la eventualidad de que los fallos judiciales continúen siendo adversos a lo que manda la ley 26.522, la AFSCA (ex Comfer) recurrirá a la aplicación de las normas legales previas que también impedían la concentración de medios, es decir, que ahora hará cumplir a la letra lo que en tantas administraciones anteriores, incluyendo la del Gobierno actual, se pasaba por alto.

Las empresas, según lo que también se lee en el artículo, deberán presentar en 30 días (el 9 de octubre) el listado de licencias de las que piensan desprenderse, y la Afsca tendrá la autoridad para decidir sobre incumplimientos en cuanto al número de licencias y para aprobar o refutar al potencial comprador propuesto.

En el artículo se señala además que si dentro de seis meses no se presentó una oferta de transferencia o esa fue rechazada, los titulares podrán autorizar a la AFSCA a llamar a una oferta pública. Y que si se incumplen los plazos de la Ley, la AFSCA procederá a realizar una transferencia de oficio. Las reacciones, desde ya, fueron muchas, y además tuvieron como marco principal las Jornadas de Cable que justamente ayer se iniciaron en el hotel Hilton de la Capital Federal.

El CEO de Cablevisión, Carlos Moltini, se quejó: «como el Estado desoye los fallos adversos de la justicia sobre la desinversión, desconoce las licencias otorgadas a nuestra compañía, algo burdo que sólo busca atacar la propiedad. El Comfer intimó, hace años, a devolver licencias superpuestas, algo que Cablevisión hizo y que ahora tiene ordenado en un 100%. Entonces, para insistir en que la empresa incurre en la ilegalidad, además de plantear que debemos devolver licencias, pretende que pasen al Estado no sólo licencias sino redes de tendido, los abonados (2 millones) y los sistemas que implicaron inversión privada durante décadas. Esto lo escribieron en la ley, es más una locura jurídica».

Las Jornadas de Cable, que celebran este año su vigésimo aniversario, tuvieron desde el discurso de apertura un espíritu claro de confrontación no sólo con la Ley de Medios sino también, como viene ocurriendo hace años, con las empresas telefónicas.

Walter Burzaco, presidente de ATVC (Asociación Argentina de Televisión por Cable) expresó: «Vemos un panorama negro aunque estemos festejando el vigésimo aniversario y se trate de una industria con 45 años de historia. En este momento nuestro sector enfrenta un contrasentido, por un lado, tenemos el mayor despliegue en años de la tecnología aplicada a los servicios que brindamos, y por el otro, nos preocupa la posible puesta en marcha de la Ley de Medios que afectará gravemente el estado actual de la industria y que también se está favoreciendo a las telefónicas».

En cuanto al conflicto Gobierno-Fibertel, el CEO de Cablevisión, Carlos Moltini, reiteró varias veces que la ley era un instrumento para limitar por la fuerza a los cables a favor de las telefónicas, y que la decisión de limitar a Fibertel no era técnica sino política, «es decir, arbitraria y caprichosa, no hay otra razón que esa».

Moltini recordó la fusión de Cablevisión con Fibertel en 2003 con un cambio de registro realizado ante la CNC, que no implicó el cambio de control en la compañía sino tan sólo de razón social. Moltini especificó: «Una recisión de licencia se aplica sólo en dos casos, cuando la empresa declara quiebra, o cuando ante desguace de activos se decide vender. Pero en el caso de Fibertel no ocurrió nada de esto sino que tan sólo se dio de baja Fibertel para una fusión con Cablevisión, no se disolvió. Hasta la Secretaría de Comunicaciones señala que esta decisión es política y arbitraria».

Burzaco concluyó: No es desmantelando al cable y favoreciendo a las telefónicas que se reducirá la brecha digital entre sectores sociales con acceso y sin acceso. Cabe recordar que el acceso a Internet se ha incluido, por ley, entre las garantías constitucionales que amparan la libertad de expresión».