23 de enero 2018 - 00:00

Curioso: la Justicia no pidió la captura de Puigdemont para evitar que se victimice

Madrid - El Tribunal Supremo español evitó ayer reactivar una orden de captura europea contra Carles Puigdemont, un paso que había solicitado la Fiscalía General del Estado aprovechando el viaje que el destituido presidente del Gobierno catalán hizo ayer de Bruselas, donde se autoexilió, a Copenhague.

Puigdemont se arriesgó a ser detenido viajando a una conferencia en Copenhague y abandonando Bruselas por primera vez en casi tres meses. La Fiscalía española pidió al Supremo de inmediato una orden de captura europea que Dinamarca habría tenido que aplicar en cuestión de horas, lo que generó una enorme expectativa en España.

El juez Pablo Llarena consideró "razonable" el pedido pero lo rechazó con un argumento político: consideró que un arresto es lo que el independentista quiso provocar con su viaje para sortear la imposibilidad de ser investido presidente del Gobierno catalán a la distancia e intentar hacerlo desde prisión.

"Frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento, la provocación de una detención en el extranjero busca que el investigado pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la Justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta", justificó el magistrado en el auto.

Puigdemont huyó a Bruselas tras ser destituido a fines de octubre para evitar comparecer ante la Justicia española, que lo investiga por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia por el plan independentista con el que abrió una crisis institucional sin precedentes en España.

En tanto, el jefe del nuevo Parlamento catalán, el independentista Roger Torrent, confirmó ayer que Puigdemont será el único candidato a presidir el Gobierno regional.

Los soberanistas, que cuentan con mayoría absoluta en la Cámara, quieren que la investidura se realice de forma telemática o delegada.

El Gobierno de Mariano Rajoy dejó claro que no aceptará una investidura a distancia y tiene preparado ya el recurso ante la Justicia para impedirlo.

Agencia DPA

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