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De conflictos y rivalidades
La actividad minera en San Juan, que viene de un fuerte auge, está inmersa en una disputa tras la sanción de la Ley de Glaciares, que ha quedado sometida a la Justicia.
En mayo, la firma por parte de la Presidente de la prórroga por 15 años de la promoción industrial para Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis abrió paso a una de las contiendas del interior que golpeó la puerta de la Corte Suprema de la Nación, desempolvó viejas rivalidades regionales y enfrentó a gobernantes, celosos de la atención de la Casa Rosada, en una cruzada en la que distintos bandos pudieron adaptar el guión federalista según sus necesidades y pretensiones. Los que querían extender los beneficios del régimen lo justificaron en nombre de la igualdad de oportunidades para todas las provincias. ¿Y los que rechazaban esa demanda? También.
El primer capítulo lo escribió Mendoza, que se sintió perjudicada por los beneficios impositivos que recibirían sus vecinas, protestó ante la Justicia federal y, luego de meses de tironeo, logró que la Nación incluyera algunos de sus departamentos en el régimen. Lejos de terminar ahí esta historia, nuevos ribetes aparecieron, y la apetecida promoción sigue sin aplicarse.
Motivada por el éxito mendocino, La Pampa puso en marcha una acción declarativa de inconstitucionalidad del decreto presidencial 699 y la presentó ante la Corte Suprema.
El Gobierno de Tierra del Fuego, en tanto, puso el grito en el cielo por los potenciales perjuicios que podría tener sobre la Ley 19.640 -considerada fundamental para la economía del distrito austral- que prospere una propuesta que llegó al Congreso de la Nación para crear un nuevo régimen que alcance a todo el país.
Por otra parte, la polémica sanción en la madrugada del 30 de septiembre en el Senado nacional de la versión más dura de dos proyectos de ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares desató la previsible reacción de los gobiernos cordilleranos, que en julio ya habían anticipado una estrategia conjunta para preservar bajo su órbita el control de las actividades productivas y de las masas de hielo.
San Juan logró que un juez federal suspendiera la aplicación de la Ley de Glaciares en su territorio y aguarda que el litigio entre en la Corte Suprema de la Nación. Catamarca confirmó que persigue el mismo camino y se espera que Jujuy, Salta, La Rioja y Santa Cruz también imiten a la pionera cuyana.
Bastó que San Juan abriera las compuertas para que arranque el aluvión de medidas declarativas que una tras una irán sumando las provincias andinas. La judicialización no sorprende y hasta resulta previsible. Es que el intenso y sordo debate en el recinto parlamentario y las miles de cuestiones técnicas y de forma que no fueron tenidas en cuenta durante el tratamiento del proyecto invitan a pensar que la Ley de Glaciares fue concebida con la oculta intención de que nunca fuese aplicada. n