De lo que no se habla: el reparto de los fondos y las jubilaciones

En el debate que se viene suscitando en los últimos días acerca de la Seguridad Social aparecen algunos temas relevantes sobre los que aún parece existir cierta confusión o falta de claridad, quizás por la focalización excesiva en algunos puntos específicos, relegando la importancia de otros. En estas líneas se trata un aspecto clave actual del sistema previsional, que es su financiamiento.

En nuestro país, la alternativa utilizada en las dos últimas décadas para evitar el desfinanciamiento de la Seguridad Social, es decir, asegurarse que los ingresos sean igual o superiores a los gastos y prestaciones del sistema, fue la de complementar con fondos tributarios los ingresos propios del sistema provenientes del mercado laboral formal, como son los aportes personales (en el período en que existían las AFJP éstos no ingresaban a la ANSES) y contribuciones patronales.

Actualmente, la masa de fondos tributarios o de rentas generales que financia las actividades de la ANSES se compone de un 15% de la masa tributaria coparticipable (conocida como precoparticipación), a la que se suman porciones de impuestos coparticipables como IVA, Ganancias, Bienes Personales, Combustibles, y también no coparticipables, por caso, el Monotributo y Adicional sobre cigarrillos. En conjunto, representan casi $ 40 de cada $ 100 de ingresos totales del organismo.

Claramente, dada la configuración demográfica y la elevada informalidad persistente en el mercado laboral argentino, la seguridad social como está definida en nuestro país requirió y seguramente seguirá requiriendo ingresos por encima de los aportes y contribuciones para no resultar deficitaria.

El punto central entonces sería la definición del financiamiento tributario de la ANSES dentro de un contexto de integralidad fiscal, no relativo únicamente a los diversos niveles de Gobierno, sino también a la estructura y nivel de tributos que se requieren.

Impacto

Hace 14 años que nuestro país debiera contar con una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Teniendo en cuenta la situación actual de la ANSES, toda modificación propuesta en el reparto de fondos entre Nación y provincias va a tener un impacto en el financiamiento de la seguridad social, ya que es un actor que tiene un peso específico significativo en lo fiscal. Por ejemplo, una eliminación del esquema de «precoparticipación» hubiera implicado tener este año una ANSES con un déficit de unos $ 11.500 millones, en lugar del superávit estimado en $ 10.000 millones (resultado que ya incluye la rentabilidad del Fondo de Garantía de la Sustentabilidad).

Y cuando se avanza en aspectos puntuales de provincias, también aparecen cuestiones vitales para discutir. En efecto, hay jurisdicciones que aportan recursos por encima de los necesarios para financiar a los jubilados que viven dentro de sus territorios y otras que aportan menos. Es decir que hay transferencias interjurisdiccionales en el financiamiento tributario de la seguridad social. Éste es un tema que deberá debatirse el día que se decida encarar la discusión por el reparto de fondos fiscales en nuestro país de manera seria y profunda.

En síntesis, resulta sumamente compleja la discusión por el nivel, la estructura y la distribución de la recaudación en nuestro país, situación similar a la que ocurre en otros países del mundo. Sería imprescindible definir un diagnóstico integral y establecer las prioridades surgidas de un sano consenso que priorice la sostenibilidad de largo plazo. De lo contrario, se corre el riesgo de seguir incurriendo en soluciones transitorias y no sostenibles. La oportunidad de encarar el primer camino siempre está.



* Economista