Durante un plenario de comisiones, Cambiemos intentará hoy dictaminar a favor del proyecto de ley de Defensa de la Competencia, que apunta a combatir situaciones de abuso de posición dominante de mercado que generen efectos distorsivos sobre la competencia.
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A las 13:00 en el anexo C de la Cámara baja, un plenario de las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; de Comercio; Legislación Penal, y Presupuesto y Hacienda; pondrá en consideración el proyecto que surge de la unificación de dos propuestas de Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Mario Negri (UCR).
La idea compartida por el oficialismo y la presidenta de la comisión de Defensa del Consumidor, Liliana Schwindt (Frente Renovador), quien encabezará el plenario de comisiones, es avalar el proyecto hoy con el objetivo de sumar el tema en la agenda de alguna de las sesiones ordinarias previstas para el 22 y 29 de noviembre.
El proyecto propone la creación de una nueva autoridad de aplicación descentralizada y autónoma del Poder Ejecutivo (se denominará Autoridad Nacional de la Competencia) que tendrá a su cargo la implementación de multas a las personas físicas o jurídicas que incurran en conductas desleales de concentración económica.
Dicho organismo estaría integrado por el Tribunal de Defensa de la Competencia, el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el titular de la Secretaria de Concentraciones Económicas.
Se propone que los integrantes de la autoridad de aplicación sean designados por el Poder Ejecutivo previo concurso público de antecedentes y oposición.
"La Autoridad podrá imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos sobre la competencia o solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas", señala el borrador del proyecto.
Entre las sanciones económicas, se prevén fuertes multas de acuerdo a tres criterios diferentes: hasta el doble del monto del beneficio obtenido por vía ilegal, un porcentaje del volumen de negocios del grupo económico; y multas de hasta 200 millones de Unidades Móviles (equivalentes a $3000 millones ajustables por IPC).
El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá decidir "la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado a los responsables por hasta 5 años",
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