La Justicia se interpone en los planes de Javier Milei y ordena suspender la privatización de AySA hasta determinar el pasivo ambiental

Un juzgado federal de La Plata dictó una cautelar que bloquea la venta de la empresa de agua y saneamiento. La resolución cuestiona la falta de evaluaciones sobre impactos ecológicos y pone bajo la lupa el esquema impulsado por el Ejecutivo.

Una cautelar dictada por un juzgado federal de La Plata frenó la venta de la empresa de agua y saneamiento impulsada por el Gobierno.

El plano judicial, lentamente, se está convirtiendo en un hueso duro de roer para los planes del Gobierno nacional en lo que pretende constituir como su legado. En este caso, a pesar de que se anunció la privatización de AySA, el juez en lo Contencioso Administrativo 2 de La Plata, Mariano López, frenó el proceso de venta de activos por posibles perjuicios ambientales.

Mientras se conocen las objeciones presentadas en la justicia federal rionegrina contra la entrega de las represas hidroeléctricas del Comahue, producto de la decisión unilateral del presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Roberto Villamonte, ahora la Justicia hizo lugar a la presentación llevada a cabo por el Defensor del Pueblo bonaerense, el cual denunció que el proceso de privatización no contempla "elementos básicos que garanticen el acceso al agua", ignorando de manera deliberada la existencia de "pasivos ambientales en territorio bonaerense".

El mencionado juez López decretó una medida cautelar que frena el proceso de venta de los activos de la empresa proveedora de agua y saneamiento. De esta manera, el magistrado elevó su decisión a la Cámara Federal de La Plata fundamentando que el esquema de privatización iniciado desde el Gobierno nacional no fortalece las obligaciones “de garantizar un acceso a la cobertura sanitaria, no incrementa los mecanismos de recomposición y prevención” y, por el contrario, “tiende a reducir las exigencias regulatorias y postergar obras críticas”, entre otras omisiones, como no considerar los efectos a mediano y largo plazo de los pasivos ambientales que se han constatado como perjuicio para los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

En el mismo sentido, el juez avaló la posición del Defensor del Pueblo bonaerense toda vez que el derecho colectivo del acceso al agua potable garantiza que las comunidades tengan un suministro suficiente, seguro y equitativo protegiendo el derecho a la salud pública, la sustentabilidad ambiental y el desarrollo social.

El propio gobierno de Javier Milei el 15 de mayo de este año anunciaba el lanzamiento de “la Licitación Pública Nacional e Internacional para la venta y transferencia del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) de titularidad del Estado Nacional, en el marco del proceso de privatizaciones impulsado por el Presidente Javier Milei para retirar al Estado de las actividades empresariales y promover la incorporación de capital privado en la prestación de servicios públicos”.

Entre los interesados, según los corrillos del universo empresarial y político, aparecen Mauricio Filiberti, el Grupo Roggio y dos consorcios brasileños y uno francés.

La Defensoría había solicitado a la Justicia que se detuviera todo acto administrativo -en este caso concreto, el proceso de privatización de AySA, ya que, de acuerdo con su argumento, altera el esquema de mayor exigencia ambiental de la empresa en cuanto a inversiones, mantenimiento, expansión, saneamiento, remediación ambiental o continuidad del servicio público esencial.

“Todo ello, no considerado en el pliego de la licitación de AySA, pone claramente el riesgo tanto el derecho humano de acceso al agua potable como el derecho a un ambiente sano, ambos contemplados en la propia Constitución Nacional”, señalaba la presentación judicial.

Atadas con alambre

Ámbito anticipó las objeciones que se están evaluando luego de revelar que el presidente del Tribunal de Tasaciones Nacional, Roberto Villamonte, admitió haber comunicado al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo la imposibilidad de avanzar en las tasaciones de las represas del Comahue, Intercargo, AySA, Transener, Belgrano Cargas y Nucleoeléctrica sin consultar al resto de los integrantes del Tribunal.

Villamonte se justificó aseverando que el reglamento interno del Tribunal de Tasaciones le “asigna la representación del Organismo”. Sin embargo, la resolución de 2023 a la que alude el presidente del Tribunal dice otra cosa, dado que en realidad el inciso 6 del Artículo 6 de la Resolución 72/2023 dice que le otorga atribuciones para “representar al Tribunal ante los poderes públicos, los Tribunales de Justicia, autoridades y terceros, y dirigirse a los mismos a cualquier efecto, y en aquellos de especial importancia requerir el previo acuerdo del Cuerpo Colegiado”.

En el caso de Transener y las centrales hidroeléctricas el Gobierno ya logró avanzar. Los grandes beneficiados, no los únicos, son el Grupo Neuss (Edison), liderado por Patricio y Juan, y el conducido por Rubén Cherñajovsky (Newsan).

Eso que Villamonte soslaya ya tiene consecuencias judiciales. Puesto que la fundación Soberanía, de Neuquén, presentó una demanda denunciando que también en este caso Villamonte se excusó de avanzar en la tasación solicitada por el Ministerio de Economía. De acuerdo con fuentes calificadas el Tribunal de Tasaciones habría delegado esa función en bancos, que tampoco la llevaron a cabo. Entonces, la presentación judicial plantea que las hidroeléctricas, de las cuales dos quedaron en manos de los Neuss, fueron “rematadas” sin un valor oficial. Hasta ahora, el juez federal de General Roca, Hugo Greca, no solicitó el contrato que se encuentra bajo siete llaves. En algún punto es comprensible su demora, ya que está siendo acusado de haber maltratado en plena audiencia a una abogada defensora.

El procedimiento en el que intervienen tanto el Ministerio de Economía como el Tribunal de Tasaciones ya componen un modus operandi, tal y como quedó demostrado en el caso de Nucleoeléctrica, donde el propio Villamonte se abrió de sus deberes al frente del Tribunal de Tasaciones, porque la idea del Gobierno es que la tase el BNA o el BICE, que no tienen especialistas para llevar a cabo esa tarea.