Debate a medida para un voto en contra

El acuerdo que firmaron la Argentina e Irán para crear una Comisión de la Verdad deberá ser ratificado por el Congreso para poder tener vigencia. Es el requisito básico para dar cobertura legal a cualquier investigación que realice ese grupo y a las declaraciones que los jueces locales puedan tomarle en Teherán a los funcionarios acusados. Es lo que obviamente exige cualquier acuerdo internacional.

Tal como están las relaciones de poder hoy en el Congreso, las quejas de la comunidad judía, los pedidos de explicación de Israel o la alerta de los Estados Unidos, poco podrán hacer para modificar un resultado cantado, como el que tuvieron todos los proyectos que el Gobierno envió al Congreso en los últimos años. El kirchnerismo aprobará esa ratificación en las dos cámaras, aunque el trámite incluirá un largo debate para el que la oposición tiene una biblioteca preparada.

Jurisdicción

El problema es que el centro de la discusión de ese acuerdo que Héctor Timerman cerró en secreto con el canciller iraní Ali Akbar Salehi en Adís Abeba, involucra una cesión de jurisdicción para la Justicia argentina, tema más que espinoso para la doctrina local e internacional. Es un terreno en el que toda la oposición se moverá con tranquilidad.

De hecho ya apareció unanimidad en el rechazo, algo poco común en el caso de acuerdos internacionales donde los opositores hacen al menos un esfuerzo por cuidar las formas junto al Gobierno. Irán no parece convocar lo suficiente como para justificar el esfuerzo de pagar junto al kirchnerismo el costo político de una decisión que ya complica al país frente al mundo y que por ahora no aplauden muchos más que Luis DElía.

El radicalismo, el PJ rebelde, los macristas, el FAP ya se pudieron de acuerdo en la etiqueta: «Esto entrega soberanía». El problema central del debate, entonces, será el garantizar a los funcionarios iraníes acusados el poder declarar, si es que finalmente los jueces argentinos acceden a viajar a Teherán, en su país sin riesgo alguno sobre las consecuencias. Sólo Ricardo Alfonsín hizo una diferencia en esto: apoyó la creación de la comisión, pero únicamente en rol de investigadora. «En la medida que ella no bloquee el accionar de la Justicia argentina parece propicia, pero tantos años sin resultados nos obligan a mantener mucha cautela», dijo.

Hay otro argumento que alimentará el debate opositor: el ejemplo del atentado al Boeing 747 de Pan Am sobre Escocia que la propia Cristina de Kirchner explicó ante la Asamblea de Naciones Unidas cuando propuso el nunca concretado juzgamiento en un tercer país.

Estados Unidos y el Reino Unido acusaron del atentado a dos ciudadanos libios: Abdelbasset Al Megrahi y Lamen Khalifa Fhimah. Tras un duro embargo de años, Libia acordó juzgar a los acusados en Holanda con leyes y jueces escoceses.

Muamar Gadafi los entregó a ese país, fueron acusados de asesinato y violación de la legislación internacional en materia de seguridad aérea.

Uno fue condenado y el otro absuelto y Libia ofreció u$s 2.700 millones para indemnizar a las familias de las 270 víctimas. Luego la ONU levantó las sanciones contra ese país. La oposición le dirá entonces al Gobierno que las condiciones que se ofrecieron hace dos años en Naciones Unidas, están bien lejos del acuerdo firmado ahora.