Decreto por gas ganó sólo una semana de vida en el Congreso

Toda la oposición se sumó contra el decreto. Mientras los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz pedían habilitar la derogación, Carlos Reutemann y Roxana Latorre seguían la sesión.

La oposición no pudo ayer imponerle al kirchnerismo el tratamiento del proyecto para derogar el Decreto 2.067/08 que creó un cargo en las facturas de gas para financiar la importación de fluido desde Bolivia, además de otras modificaciones en la tarifa, y que derivó en subas de más del 200%. Pero a pesar de no haber conseguido los dos tercios de los presentes para habilitar el debate -número requerido porque ninguno de los proyectos de derogación cuenta con dictamen de comisión- el resultado de la votación marcó la debilidad que muestra hoy el kirchnerismo en el Senado y que puede ponerlo al borde de un abismo dentro de una semana. Radicales, la Coalición Cívica, el peronismo disidente y el socialismo lograron reunir 28 votos contra 30 del oficialismo, lo que traslada ahora la pelea a la Comisión de Energía donde la próxima semana continuará el debate. Se arriesgó además el Gobierno a cargar con el costo de aparecer en el Senado bloqueando la anulación de un aumento que enardece a la oposición.

Mientras tanto en Diputados, ayer se aprobó, al igual que en el Senado, una preferencia para debatir la misma cuestión en el recinto. Hoy los diputados de la Coalición Cívica, el radicalismo, el PRO, el Partido Demócrata de Mendoza, el socialismo, Claudio Lozano de Proyecto Sur y el PJ disidente intentarán unificar propuestas para la reunión de la Comisión de Energía, en esa Cámara, que se realizará el 12 de agosto próximo.

Si en Diputados la oposición consigue emitir un dictamen -allí la estabilidad del bloque kirchnerista es aún más débil-, en el Senado la situación para el Gobierno volverá a complicarse. Ayer, un comunicado de la Dirección de Prensa del Senado daba como un hecho que en una semana volverá a debatirse la derogación del decreto.

Rechazo anticipado

Miguel Angel Pichetto ya había anticipado el rechazo a la discusión en el recinto del Senado argumentando que «hace falta mucha más información» y defendió los datos sobre el nuevo esquema de ajustes en las tarifas del gas que había desgranado más temprano el secretario de Energía, Daniel Cameron, en la reunión de la Comisión de Energía. Intentó defender la posición oficial sosteniendo que el cargo fijo para financiar el mayor costo de la importación de gas desde Bolivia «abarca sólo a un 15 por ciento de los usuarios».

No alcanzó para convencer a la oposición y ni siquiera para entusiasmar al bloque propio que, aunque no le prestó el número a la oposición, siente la presión por el impacto de los aumentos en sus propias provincias. Sobre todo, los senadores del Sur.

Por la oposición, el radical Gerardo Morales, atacó directamente la redacción del decreto: «Por donde se lo mire, el decreto está flojo de papeles», arrancó. «Según dice el secretario de Energía, no es un impuesto, no es una tarifa ya que no tiene relación con el consumo, y no es una contribución por mejoras, en tanto no tiene una contraprestación en infraestructura. ¿Qué es entonces?, ¿cuál es su naturaleza?», preguntó. Más allá del impacto explosivo que produjo en las facturas de gas que ya recibieron algunos consumidores (en otros será aún mayor cuando lleguen los consumos de julio-agosto), el cuestionamiento central de la oposición al decreto es que Cristina de Kirchner no está habilitada a establecer cargos específicos sobre los usuarios para financiar la compra de gas al exterior. Sólo podría hacerlo si con ese aporte se construyen obras de infraestructura energética.

Así, la peronista disidente Sonia Escudero, que tiene un proyecto propio presentado, pidió analizar el aumento tarifario argumentando que el cargo «es inconstitucional» porque, a su juicio, es un impuesto y por lo tanto debe ser aprobado por el Congreso.

Por el oficialismo, el chubutense Marcelo Guinle apoyó que el tema vaya a comisión, pero presentó un proyecto para que la norma no abarque a los usuarios domiciliarios. El voto de Guinle es uno de los más dudosos en el universo del kirchnerismo y podría sumarse a las complicaciones que le esperan al Gobierno la próxima semana.