Déjà vu: precalienta demanda colectiva por el tarifazo de gas

Fiscalía se pronunció por crear nuevo caso para todos los usuarios. Juez define hoy quién se hace cargo del expediente. Denunciante ya fue exitoso.

Juan José Aranguren y Alberto Recondo.

Una nueva megacausa colectiva que apunte a definir si es válido o no el tarifazo de gas implementado por el Gobierno comenzará hoy a tomar forma en la Justicia federal de La Plata, lugar de origen de la sentencia que selló la suerte del primer intento de la Casa Rosada por reajustar el precio de los servicios públicos. Luego de haber cumplido con las audiencias públicas (previsible objeción inicial), la clave de esta nueva demanda girará en torno a la "desproporcionalidad" de los aumentos que recibieron los usuarios, argumento en el que la Corte Suprema había sido explícita cuando propinó un revés al Poder Ejecutivo. La fiscalía ya se pronunció por crear un expediente que alcance a todos los usuarios del país, idéntica modalidad sobre la que hace un año se expidió el máximo tribunal. Juez recusado define hoy si le pasa el caso a un colega y trámite comienza a tomar color. Se espera reacción de la administración central que podría volver a tropezar con la misma piedra.

El fiscal federal de La Plata, Guillermo Héctor Ferrara, dictaminó en favor de reconocerle al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (CEPIS) la representación colectiva de todos los usuarios residenciales del servicio de gas del país, en el marco de una acción contra el Ministerio de Energía y Minería del Poder Ejecutivo Nacional, por la modificación del cuadro tarifario, que incrementó el costo de provisión del servicio a nivel nacional. Es la misma ONG que logró frenar el tarifazo, cuando el Ejecutivo -vía Juan José Aranguren- decidió saltearse las audiencias y mantuvo en vilo a la Casa Rosada hasta el 18 de agosto pasado. Si el juez decide hacerse cargo del expediente como pide la fiscalía, habrá dos llaves con las que el Gobierno no contará: la posibilidad de anular al denunciante, y la de considerar que no existe motivo para una acción de clase que se tramite en la Justicia de La Plata, donde hizo su recorrido la primera demanda colectiva por el tema del gas.

La organización planteó que el Poder Ejecutivo Nacional había "omitido brindar información adecuada y veraz a los usuarios, al tiempo que las nuevas tarifas violaban los preceptos de razonabilidad, justeza y accesibilidad", sentados en el fallo de la Corte. El argumento central es que pese a que hubo tardías audiencias, los aumentos en las boletas que llegaron a los usuarios serían desproporcionados con respecto a sus ingresos. CEPIS recusó sin causa -algo permitido en el Código Procesal Penal- al juez contencioso administrativo Adolfo Ziulu, quien hoy definirá si otorga el pase a su colega Alberto Recondo. Luego de que eso suceda, sólo quedará inscribir el caso en el registro de demandas colectivas de la Corte para reeditar el conflicto del año pasado.

En su dictamen, el fiscal Ferrara consideró que la demanda estaba dirigida a proteger los derechos de la totalidad de los usuarios de gas de la República Argentina, lo que "incluiría a todas la categorías de usuarios previstas en las resoluciones atacadas (Servicio Residencial, Servicio General P, Servicio General G, Gas Natural Comprimido y Gran Usuario)".

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal recordó los fundamentos vertidos por la Corte Suprema de Justicia en el precedente "CEPIS" del 18 de agosto de 2016 y señaló que la pretensión debía circunscribirse "exclusivamente a usuarios residenciales del servicio".

El fiscal Ferrara dictaminó en favor de reconocerle al CEPIS la representación colectiva de todos los usuarios residenciales del servicio de gas del país y la competencia de la Justicia Federal de La Plata para intervenir en ella, al tiempo que indicó que correspondía "denunciar la existencia del proceso ante el Registro de Acciones Colectivas que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, así, dar inicio al proceso".

En este escenario, el Gobierno tendrá que mover sus fichas con velocidad en su defensa, aunque tampoco contará con la posibilidad -ya rechazada con anterioridad- para mudar todo el trámite a la Capital Federal y que el fuero contencioso capitalino (con el que hay mejor sintonía) se encargue de la demanda.