Detención de 7 opositores agita a Bolivia

La Paz - La detención de opositores acusados de una masacre y un llamado al «desacato civil» marcó ayer un resurgimiento de la tensión entre el Gobierno izquierdista de Bolivia y los líderes conservadores de los departamentos (provincias) más ricos del país.
El arresto de siete personas en la región de Pando aumentó a casi 30 el número de procesados por una emboscada contra campesinos seguidores de Evo Morales, ocurrida en setiembre del año pasado, y en la que murieron 16 personas, en lo que constituyó el incidente más cruento de una ola de protestas antigubernamentales.
El comandante policial de ese departamento, coronel Jorge Aliaga, dijo a la televisión estatal que de 14 detenidos originalmente, siete recuperaron su libertad al cabo de unas horas y los demás fueron trasladados a La Paz, «por orden del Ministerio Público».
«Hay unas órdenes de detención de la Fiscalía, es la Justicia la que está actuando y ahí el Gobierno no se entromete», dijo a periodistas el vicepresidente Alvaro García, en rechazo a airadas protestas de legisladores detractores.
Sin embargo, el opositor presidente del Senado, Oscar Ortiz, anunció una convocatoria al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, para que dé explicaciones sobre lo que calificó como «atropellos a los derechos humanos de ciudadanos bolivianos, lo cual contradice todas las garantías, incluso la nueva Constitución». «Nuestra Constitución establece que toda autoridad que practique, por ejemplo, el confinamiento o utilice violencia física sobre los ciudadanos de este país debe ser destituida; es lo que vamos a procesar y demandar», agregó.
Cadenas radiales informaron que policías encapuchados allanaron varios domicilios en la capital pandina, Cobija, y en el pequeño pueblo de Porvenir, donde se produjo la masacre. El principal procesado por el episodio es el ex prefecto (gobernador) regional, Leopoldo Fernández. Entre los detenidos de ayer figuran el alcalde de Porvenir y un ex asesor de prensa de Fernández, quienes acababan de retornar de Brasil, donde se habían refugiado tras los sucesos de setiembre.
Entretanto, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, encabezó una jornada de «desacato civil» en protesta contra una decisión gubernamental de revertir a dominio estatal unas 36.000 hectáreas de tierras agrícolas y ganaderas en la región del Chaco, para transferirlas a indígenas guaraníes.
«Vamos a impedir este nuevo atropello del Gobierno», dijo Costas al iniciar la protesta, junto con hacendados y varios alcaldes, según medios locales. La protesta tuvo poco impacto en las actividades productivas, de acuerdo con los reportes.
El Gobierno dijo que espera culminar en pocas semanas el proceso de reversión, sustentado en que en esas tierras se comprobó la condición de servidumbre o «moderna esclavitud» a la que están sometidos trabajadores guaraníes y sus familias.
Agencias Reuters y AFP