8 de diciembre 2015 - 00:00

Dilma le demandó al Congreso que el “impeachment” comience ya

Brasilia - La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, le pidió ayer al Congreso suspenda el receso de verano para hacer frente al proceso abierto en su contra la semana pasada, que puede resultar en su destitución, y calificó la medida como una amenaza para la "unidad" nacional. "Creo importante que todo se dé lo más rápido posible, dentro de un clima de respeto a la legalidad, pero lo más rápido posible. Creo que en una situación de crisis como ésta, política y económica, por la que atraviesa el país, sería importante que el Congreso Nacional sea convocado" en enero, dijo la mandataria.

Rousseff hizo las declaraciones, publicadas en el blog oficial de la Presidencia, tras reunirse con 30 juristas que se manifestaron contrarios a la ofensiva por considerar que no tiene fundamento para seguir adelante. "Vivimos un momento en que no podemos darnos el lujo de parar el país hasta el 2 de febrero. El Congreso puede volver a funcionar a comienzos de enero para reanudar sus actividades y juzgar todo lo que está pendiente", añadió. Además del proceso, el Congreso todavía debe pronunciarse respecto a algunas medidas económicas propuestas por el Ejecutivo que son de vital importancia para intentar sacar a flote el país, inmerso en una recesión que amenaza prolongarse también en 2016.

Respecto al pedido de destitución acogido por Cunha, Rousseff resaltó que lo más importante es preservar la legalidad. "Brasil conquistó la democracia de forma muy disputada, con luchas y con grandes sacrificios, inclusive con muertes. Tenemos instituciones sólidas, somos capaces de convivir democráticamente, de allí la importancia de conservar la legalidad. Respetando las reglas unificaremos el país". Los especialistas en Derecho que se reunieron hoy con la presidenta, quienes integran el grupo denominado "Juristas en defensa de la Democracia", sostienen que el pedido de destitución no debería haber sido avalado por el presidente de la Cámara baja debido a que no existe ningún delito que pueda imputársele directamente a la mandataria.

La semana pasada el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, dio curso a un pedido de juicio político presentado por el jurista Helio Bicudo, uno de los fundadores del oficialista Partido de los Trabajadores (PT). Ese pedido también fue firmado por Miguel Reale Junior, quien fue ministro de Justicia del expresidente Fernando Henrique Cardoso, del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

El PSDB considera "sustentable" procesar a la presidenta. "Cuando ella se burla de la Ley de Responsabilidad Fiscal lo hace conscientemente porque hay que recordar que ella fue alertada sobre esa violación de la ley durante la campaña electoral del año pasado, y no modificó su posición", afirmó Aécio Neves, titular del Partido de la Socialdemocracia y exrival en las presidenciales.

Ayer se había suspendido el proceso para elegir a los 65 legisladores que formarán la comisión que estudie los descargos de la presidenta a las acusaciones y luego decidirá si propone al plenario archivar la denuncia o seguir tramitándola, lo que podría conducir a su salida.

Agencias ANSA, DPA y EFE

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