Diputados debatió regular piquetes

La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la kirchnerista Diana Conti recibió a académicos y exfuncionarios que rechazaron la propuesta de que el Estado defina el formato de las protestas callejeras.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, comandada por la kirchnerista Diana Conti (FpV), recibió ayer a especialistas que rechazan los proyectos para regular la protesta social.

Paola García Rey (Amnistía Internacional); la exdefensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini; Lucas Grosman (Universidad de San Andrés); Marcela Perelman y Paula Litvachky, por el CELS, cuestionaron la posibilidad de que el Estado defina el formato de las manifestaciones sociales sin que se produzca un detrimento en la libertad de expresión y de peticionar a las autoridades, contempladas en la Constitución nacional. Los expertos se manifestaron a favor de abandonar la idea de la colisión de derechos para pensar en el rol que debería asumir el Estado frente a las protestas y piquetes.

Conti dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando también podrían asistir al encuentro para explicar sus propuestas los legisladores Remo Carlotto (FpV), Alberto Asseff (Frente Renovador) e Ivana Bianchi (Compromiso Federal), quienes no dieron detalles de sus propuestas en la etapa inicial de discusión.

La exdefensora del Pueblo evaluó que "el Estado tiene que tener un rol de protección y prevención frente al conflicto" social y no sólo estar "para restringir". "Hay que tener en claro qué expresa una protesta social", sostuvo Pierini.

García Rey, por su parte, afirmó que "cualquier limitación que el Estado pretenda imponer debe responder a una rigurosa justificación y debe asegurarse que esa limitación no ponga en riesgo el derecho en sí.

"Los estándares internacionales de derechos humanos no admiten que el Estado exija un permiso o autorización para que las personas ejerzan el derecho a la protesta social", destacó la representante de Amnistía Internacional.

Durante el debate, añadió: "El Estado debe garantizar que la fuerza sólo será utilizada como último recurso y con estricto apego a las normas internacionales. Debe estar dirigida únicamente a aquellos que se manifiesten de forma violenta. No es legítimo disolver una manifestación simplemente porque algunos manifestantes están cometiendo actos violentos".

En tanto, Grosman coincidió en que "el esquema del conflicto de derechos no es el más feliz", aunque señaló que no existe un derecho constitucional a cortar la calle "como parte del derecho a la libertad de expresión".

"Este tipo de protesta no favorece la deliberación democrática", subrayó el abogado, al señalar que "implica un grado de violencia" y un "daño intencional" a terceros.

"Si el objetivo de la manifestación es cortar la calle, la distinción entre un corte de calles parcial o total no es satisfactoria", agregó el representante de la Universidad de San Andrés. Asseff (PNC Unir) advirtió que "hay que distinguir sin embargo entre el derecho a la protesta y la comisión de un delito. Una bomba molotov no es la expresión legítima de un reclamo social. En lo personal, no estoy de acuerdo con aplicar una amnistía". Expresó así su rechazo a la propuesta del proyecto oficialista que propone "declarar la amnistía de todas las personas incursas en delitos cometidos en el marco de protestas, movilizaciones y reivindicaciones sociales, gremiales y políticas, producidas desde el 10 de diciembre de 2001". Quedarán fuera de esta amnistía "quienes hayan cometido o estén acusados de delitos de homicidio, lesiones graves y cualquier otro que implique el ejercicio directo de violencia física sobre las personas".