Diputados hace catarsis por expropiación de YPF

Ernesto Sanz

Una tímida sesión, convocada casi con exclusividad para justificar la existencia de los diputados en medio de la ausencia de política que demuestra esa Cámara, terminará sirviendo hoy para que la oposición lance la batalla contra el Gobierno por la expropiación de YPF que no quiso dar el día que se aprobó esa estatización parcial. En la agenda de hoy de Diputados se incluyó la ratificación de dos Decretos de Necesidad y Urgencia: el que dispuso la intervención de YPF y el nombramiento de Julio De Vido y de Axel Kicillof como interventores y otro que avanzó en el mismo terreno, pero para YPF-Gas.

La ratificación de los dos DNU se volvió hoy abstracta, en medio de un proceso de intervención de la petrolera que obviamente no tiene marcha atrás. Pero el debate le servirá al radicalismo para cuestionar los puntos más conflictivos de la operación, algo que no hizo ese partido en la sesión donde votó a favor de la expropiación, por mantener una posición histórica, algo que le valió una división interna y un alto costo frente al resto de los partidos.

El debate de ratificación de los DNU, entonces, servirá como un acto de catarsis general para que el radicalismo y el resto de la oposición cuestionen la forma en que se realizó la expropiación, la ausencia de controles previos sobre las inversiones de Repsol y el acuerdo que los representantes del Estado le dieron hasta ahora a la distribución de dividendos y el plan de inversión que presentaba la española en cada balance.

Un adelanto de lo que sucederá hoy en el recinto pudo verse en el debate del DNU en la Bicameral de Seguimiento de Trámite Legislativo (que debe dictaminar sobre esos decretos), donde el radicalismo presentó dictamen de minoría recomendando el rechazo argumentando, en primer lugar, que no están dadas las condiciones que fija la Constitución nacional para un decreto de ese tipo en el caso de la intervención.

Con la firma de los diputados Juan Tunessi y Jorge Albarracín y las de Luis Naidenoff y Ernesto Sanz por el Senado, los radicales argumentaron: 

«El Poder Ejecutivo nacional no desconoce que el Estado es accionista y posee un representante dentro del directorio de YPF SA, conservando a partir de ello la facultad de desempeñar el correspondiente control sobre las decisiones societarias, y ejercer como socio aquellas acciones comerciales vinculadas, como por ejemplo la remoción del directorio o la intervención del organismo». 

«Las intervenciones de las personas jurídicas, en conformidad con lo establecido por el artículo 113 y siguientes de la Ley de Sociedades Comerciales, deben establecerse a través de la correspondiente manda judicial, siendo inviable que la misma sea dispuesta empleándose un decreto de necesidad y urgencia». 

Y de hecho ponen como ejemplo el proceso de intervención de línea aérea ahora estatal: «Del análisis de los precedentes que posee el partido gobernante en esta materia se puede citar a modo de ejemplo la intervención de Aerolíneas Argentinas, la cual se dispuso judicialmente como consecuencia de una medida cautelar autónoma presentada por el Estado nacional a través del Ministerio de Planificación ante el Juzgado Comercial N° 15 que estaba a cargo del concurso preventivo de dicha empresa. Ése debiera ser el camino legal a seguir por el Poder Ejecutivo Nacional, más aún teniendo en consideración que en el caso de YPF SA no se trata de una empresa que preste un servicio público, como sí lo es Aerolíneas Argentinas».