Diputados: la modificación de licencias parentales costaría $113.458 millones durante 2023

El intento de dictamen es empujado por el oficialismo, aunque una parte de la oposición estaría dispuesta a acompañar. Se suma a otros proyectos que son discutidos sobre el final de la actual gestión y que podrían comprometer o amortiguar acciones de un futuro Gobierno.

Vanesa Siley

La Cámara de Diputados intentará avanzar, en las próximas semanas, con el dictamen de un proyecto relacionado con la modificación y aumento de las licencias parentales. En los últimos días, la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó el intento de despacho que empuja el oficialismo y una parte de la oposición y calculó que el texto implica $113.458,99 millones, lo que equivale al 0,068% del PIB esperado para 2023.

“Se identifican modificaciones, agregados y/o aclaraciones en lo concerniente al régimen de Asignaciones Familiares y financiamiento de la Seguridad Social que generarían costos adicionales”, expresa el informe de la OPC. En ese sentido, se mencionan: inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales, cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período; posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.

En cuanto al último punto, la OPC aclaró: “La normativa vigente, que estipula la licencia y asignación por maternidad, establece que la prestación económica no se halla sujeta a aportes ni contribuciones por su naturaleza no remunerativa. Esto implica que, actualmente, durante la licencia por maternidad y mientras se percibe la asignación, no se efectúan aportes personales ni contribuciones patronales a las obras sociales. No obstante, la Ley 23.660 establece que el carácter de beneficiario se mantiene mientras exista contrato de trabajo o relación de empleo público, por lo que es obligación de la Obra Social prestar servicios, aunque no reciba la cotización correspondiente”.

Según la OPC, “la nueva introducción al proyecto preliminar de dictamen permite garantizar el financiamiento de las prestaciones que las Obras Sociales otorgan en concepto de salud para quienes se encuentren percibiendo una asignación parental”. El primer “importe total esperado a cubrir por el Estado Nacional ascendería a $124.634,78 millones, lo que equivaldría al 0,074% del PIB esperado para 2023”.

En otro tramo del documento se detalla que “en el caso en que se aplique un mecanismo de financiamiento para el Sistema Previsional similar al previsto en el proyecto para las Obras Sociales, es decir, que el Estado Nacional transfiera el porcentaje del salario bruto que corresponde al aporte jubilatorio de manera directa a la ANSES, esta situación implicaría, a los fines de la estimación del impacto fiscal, un ingreso para la APN ya que esos montos quedarían dentro de la Administración Nacional”.

Bajo esos parámetros, la OPC señaló: “Considerando un valor medio de aportes jubilatorios del 11% del salario bruto, el importe total de estos aportes para todos los casos esperados de trabajadores en relación de dependencia sería de $11.175,79 millones. Al descontar este valor del costo -inicial-, el impacto presupuestario para la APN alcanzaría entonces $113.458,99 millones, lo que equivale al 0,068% del PIB esperado para 2023”.

Tras el receso invernal, el oficialismo activará las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad que comandan Vanesa Siley y Mónica Macha.