El millonario acuerdo entre el emirato de Qatar y el Gobierno de Mauricio Macri corre el riesgo de quedar en medio de una nueva trama judicial. La creación de una estructura offshore para administrar u$s1.300 millones provenientes del fondo de inversiones Qatar Investment Authority (QIA) y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, más una serie de "zonas ciegas" y cláusulas secretas, son los principales puntos del Memorandum Of Understanding (MOU) que objetan desde el Congreso.
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Otro de los cuestionamientos, tal vez el más pesado y que podría derivar en una denuncia judicial, es el de "la aparición de terceros" y las sospechosas maniobras de "tráfico de influencias". En el Palacio San Martín hubo algunas objeciones "técnicas" cuando se analizó lo que se presentó como un "tratado de promoción y protección de inversiones". Algunas fuentes técnicas de Cancillería coinciden en que "todo el procedimiento vino confeccionado y empaquetado" desde el Ministerio de Producción, a cargo de Francisco Cabrera. Un dato concreto, que también parte de fuentes de la diplomacia criolla, es la falta de información sobre el tratado que hay en la embajada argentina en Doha. La embajadora en ese país es la mendocina Rossana Surballe, una diplomática de carrera que fue nombrada por el Gobierno anterior.
"De alguna manera puentearon a la embajadora, ella no estaba al tanto de nada. Del tratado se enteró a último momento", aseguró a Ámbito Financiero una de las fuentes.
Hasta el momento, extrañamente, la Cancillería no publicó el memorándum pese a que el Gobierno firmó el 6 de este mes el acuerdo con Qatar en el marco de la gira oficial por Medio Oriente de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Ayer el bloque de diputados del Frente para la Victoria se reunió para analizarlo y pedirán que los funcionarios involucrados pasen por la Comisión de Relaciones Exteriores para explicar las dudas de lo que se cree que es un acuerdo entre dos países realizado con formato de memorándum con la intención de que no pase por el Congreso. Desde el bloque del extitular de la Anses Diego Bossio, también surgieron dudas sobre el contenido del tratado.
"Los memorándum no requieren de una ratificación del Congreso, pero nosotros entendemos que esto es un tratado comercial entre el Estado argentino y Qatar, por eso vamos a pedir que sea tratado por el Congreso", explicó a Ámbito Financiero el diputado del FpV y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, Guillermo Carmona. Según el legislador, "lo que ha trascendido es un tratado al que se le ha dado un formato de memorándum". Respecto del contenido, Carmona consideró que "es ilegal en tanto y en cuanto la ley que regula el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES no estaría habilitado para este tipo de operaciones. Además, hay muchas zonas ciegas como la aplicación de jurisdicción británica y cláusulas secretas que no sabemos de qué se tratan".
La diputada Elisa Carrió ya solicitó que la Comisión de Relaciones Exteriores convoque a la canciller Susana Malcorra; al experto asesor del Gobierno, Horacio Reyser; al titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, y al director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Luis María Blaquier, para "analizar los pormenores de la misión diplomática argentina al Estado de Qatar" y "en particular las circunstancias de la suscripción del Memorándum de Entendimiento entre Argentina y Qatar, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) y Qatar Investment Authority (QIA)".
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