Doble advertencia del Gobierno a los protagonistas del paro

Jorge Capitanich

El Gobierno redobló los esfuerzos por restarle contundencia al paro nacional convocado para el jueves por el sindicalismo opositor. Anunció el descuento de subsidios a las empresas de transporte que no lleven adelante sus recorridos, exhibió el dictamen de una comisión conformada para definir los servicios mínimos a prestar y aceleró el cierre de paritarias de gremios testigo. La estrategia del Ejecutivo se completó con declaraciones de los dirigentes sindicales más cercanos que en coro cuestionaron la huelga.

La reacción oficial está relacionada con que la huelga contará con la adhesión de los colectiveros de la UTA y los maquinistas ferroviarios de La Fraternidad, lo que prenuncia mayor impacto que la del 20 de noviembre de 2012 también lanzada por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. En esa línea, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, avisó que en caso de un cese de actividades "se descontará el día a todos los transportes". Se refirió así a las empresas de colectivos urbanos y a las concesionarias ferroviarias.

Capitanich advirtió además sobre el pronunciamiento de la Comisión de Garantías, integrada por representantes sindicales, empresarios y de entidades académicas y de abogados, creada el año pasado en cumplimiento de normas de la Organización Internacional del Trabajo para la definición de los alcances de los denominados "servicios esenciales" y "servicios mínimos" ante una medida gremial.

Aunque el jefe de ministros dijo que habría un dictamen antes del paro, la comisión se reunió el 1 de abril y ya se pronunció sobre la huelga del jueves. Se remitió a la normativa vigente, tanto local como de la OIT: es decir que frente a la adopción de medidas de acción directa "que involucren actividades que pueden ser consideradas servicios esenciales" los responsables deberán "garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción". Esa consideración abarca "los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, y el control del tráfico aéreo".

El dictamen no tiene un efecto directo sobre la huelga, al menos en el rubro del transporte, el que más preocupa al Gobierno. Pero su difusión apunta a sentar un precedente ante los protagonistas de la huelga frente a posibles perjuicios y, sobre todo, a la alternativa de convocar a nuevas medidas de fuerza de mayor extensión.

En paralelo, desde la CGT oficialista salieron a cuestionar el paro. Antonio Caló, líder de esa central y del gremio metalúrgico, dijo que para establecer el impacto real habría que poner "los medios de transporte a funcionar". Andrés Rodríguez, de los estatales de UPCN, y Gerardo Martínez, de los albañiles de la UOCRA, criticaron la oportunidad de la medida en medio de las discusiones paritarias. En tanto que la Asociación Bancaria no adherirá a la huelga y en los bancos intentarán mantener la operatoria.