La Audiencia Nacional de España confirmó el viernes, con el voto de 14 de sus 18 miembros, que el juez Baltasar Garzón no es competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. En rigor de verdad, diez días antes, el propio magistrado se había adelantado a esta decisión, que ya sabía desfavorable a su iniciativa.
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En efecto, tras certificar que el general Francisco Franco se encontraba efectivamente muerto -el 20 de noviembre se cumplieron 33 años de su deceso-, Garzón declaró extinguida la responsabilidad penal del dictador español y de otros 44 miembros de su gobierno, cuyos certificados de defunción había solicitado y a los que había acusado hace apenas un mes de «desaparición forzada de personas», es decir, de «crímenes contra la humanidad».
Garzón insistía de todos modos en que la investigación debía seguir, pero la delegaba en 62 juzgados territoriales de los sitios donde se cometieron esos crímenes. Sin embargo, los propios titulares de esos tribunales ya auguraron el fracaso de estas causas. La presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret, por ejemplo, dijo con toda lógica que «si los autores (de los crímenes franquistas) están muertos para Madrid, también lo estarán para Barcelona, Tarragona o Girona».
Tampoco reaccionaron del mismo modo en su momento los gobiernos de aquellos países por los extemporáneos arrebatos justicieros de Garzón. Cuando en el año 1998 las autoridades británicas detuvieron al ex dictador chileno Augusto Pinochet por pedido de Garzón, el entonces presidente de Chile, Eduardo Frei (Concertación, Democracia Cristiana) acusó a España de «mala memoria», porque «la institucionalidad actual española nació de un gobierno que duró 40 años y no conoció los procesos sobre derechos humanos que tanto nos exigen». En la Argentina, en cambio, el gobiernoque asumió en 2003 rompió con lo que había sido hasta entonces una política de Estado: el rechazo a la extraterritorialidad de los tribunales foráneos (avalada por las máximas instancias judiciales españolas) y la defensa de la soberanía jurídica nacional.
El actual paso atrás en la causa contra el franquismo demuestra que, más allá de ciertas veleidades revisionistas de Rodríguez Zapatero, el Estado español no está dispuesto a revisar una política -la amnistía decretada en 1977- sobre la cual fundó su exitosa transición democrática. En efecto, sin ese perdón no habrían podido concluirse los Pactos de La Moncloa que reunieron a todo el arco político español, ex franquistas inclusive.
Caben entonces dos conclusiones sobre la declaración de incompetencia de Garzón: una, que España mide con distinta vara las consecuencias políticas de las pretensiones investigativas de sus jueces según la jurisdicción de que se trate; otra, que los pactos o políticas de Estado en los cuales un país funda su estabilidad político-institucional, para ser exitosos, deben ser respetados.
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