Dos Cortes le quitan el sueño al Gobierno

Dos Cortes supremas le quitan el sueño al Gobierno de Cristina de Kirchner por estos días, aunque la causa que podría llevar a la Argentina a estar pendiente del máximo tribunal en Washington es bien distinta de la que debería ventilar en los tribunales en Buenos Aires; los criterios para esos debates, curiosamente, son similares.

Mañana el kirchnerismo avanzará sin problemas para aprobar en el Senado la ley que reglamenta el recurso extraordinario para acceder el «per saltum» a la Corte Suprema, siempre en casos federales cuya demora por el trámite judicial normal suponga una situación de «gravedad institucional».

Habrá peleas y discusiones en el recinto entre oficialismo y oposición, como las acusaciones al kirchnerismo de querer reglamentar el «per saltum» a medida para presionar una definición de la Corte sobre la puesta en marcha del artículo 161 de la ley de medios, algo que, por otra parte (aunque en términos más vaticanos), Miguel Pichetto reconoce ampliamente.

Será importante a futuro el registro que quede en los diarios de sesiones sobre las diferencias de criterio en el uso del «per saltum» en nuestro sistema jurídico que dejen esos debates (sobre todo, para que la Corte lo tome como antecedente), pero el problema para la Casa Rosada no esta allí, sino en dos criterios básicos que van de la mano con esta reglamentación: el de admisibilidad de una causa por parte de la Corte y el de la graduación de la gravedad institucional que lo amerite, también potestad, como es obvio, del máximo tribunal.

Resumiendo: aunque el proyecto de ley que se debata mañana defina qué entiende el Gobierno por gravedad que justifique el salto de instancia directo a la Corte (como el que Roberto Dromi le pidió a Julio Nazareno para que levante el freno a la privatización de Aerolíneas Argentinas), sólo el tribunal puede graduarlo y decidir la avocación al caso. Ricardo Lorenzetti parece haber esquivado estas definiciones en los últimos tiempos, incluso, según algunas fuentes, cuando deslizó en la intimidad la necesidad de que la reglamentación del «per saltum» estuviera menos floja de papeles que lo que estuvo hasta ahora, en caso de que el Gobierno decidiera presentar un recurso extraordinario para elevar el caso Clarín al cuarto piso de Tribunales.

Las discusiones entre constitucionalistas sobre estos temas pasan por su momento más jugoso. Pero las posiciones pueden resumirse en dos: el «per saltum», para la tesis restrictiva, es violatorio de la doble instancia (al privar, sobre todo, del derecho de defensa); para la otra mitad, si la gravedad institucional se fija por ley y cuadra con el caso legal, la Corte estará obligada, cuando menos, a evaluarla y admitir la causa. La diferencia no es menor, ya que con la mera admisión del recurso extraordinario pueden suspenderse medidas precautorias, como las cautelares.

A 8.391 kilómetros de Buenos Aires, en Washington, otra Corte desvela a los argentinos. En este caso, se trata de la Corte de Apelaciones, que confirmó un fallo del veterano Thomas Griesa que rechaza un recurso contra esa decisión de pagar a bonistas que quedaron fuera del canje de deuda en proporción a las cancelaciones de los títulos renegociados.

Esa ratificación en Cámara (utilizando terminología tribunalicia argentina) no sólo le dio un triunfo al fondo NML Capital Limited por un total de u$s 1.400 millones, sino que complica todo el universo de pagos que el país debe realizar en el exterior y cierra peligrosamente algunas de las últimas rendijas que les quedan al país o a empresas como YPF para conseguir algo de financiamiento en el exterior.

Como si se tratara de un asunto local, aparecieron entonces voces en el Gobierno que adelantan que, una vez que el fallo Griesa quede en firme, comenzaría a analizarse un camino a la Corte, sin tener en cuenta que los criterios de Washington son mucho más duros que la consideración sobre la gravedad institucional de un tema que afecte a otro país.

En promedio, puede decirse que de cada 6.000 casos que las empresas, estados o ciudadanos estadounidenses intentan llevar a la Corte, el máximo tribunal en ese país acepta no más de 90. El «writ of certiorari», versión estadounidense del «per saltum», aunque con otras características, consiste específicamente en el pedido a la Corte para que se avoque a un caso que ventila un tribunal inferior.

Y aunque la doctrina americana trabajó mucho sobre la apertura de la Corte a debatir temas de gravedad utilizando el salto de instancia, en las últimas décadas la restricción va en aumento.

La Corte Suprema habla en EE.UU. sobre derecho constitucional o no a la muerte digna, sobre las condiciones de investigación al presidente por causas previas a la asunción del mando, peligro de vida inminente por una sentencia de muerte controvertida (en contadísimos casos en la historia) o hasta sobre la implementación o no de las aristas más complicadas del plan de salud de Barack Obama. Pero raramente acepte un «writ of certiorari» sobre una deuda impaga. A diferencia de Buenos Aires, la gravedad institucional que pueden generar en Washington los fallos a favor de los hold outs y las protestas del Gobierno argentino está bien lejos de cualquier consideración.