Dragado: cumbre con Mujica

El Gobierno argentino formalizó ayer la objeción a la participación de la empresa Boskalis, que es actualmente la encargada de realizar, a través de la firma Riovía, los trabajos de mantenimiento del dragado del canal Martín García en el acceso al puerto de Montevideo.

La Comisión Administradora del Río de la Plata que integran los Gobiernos de la Argentina y del Uruguay abrió las ofertas para ese contrato, y el reparo presentado por Buenos Aires se basa sobre informaciones periodísticas que presumen que en algún trámite previo de esa negociación se mencionó la palabra «coima».

La reunión de la CARP se hizo en Capital Federal y fue presidida por el actual titular del organismo, el uruguayo Francisco Bustillo -exembajador en Buenos Aires del Gobierno de Tabaré Vázquez-, y a quien se le atribuye haber echado a rodar la noticia que contiene la mención de una presunta «coima».

Al acto se presentaron las cuatro empresas que habían retirado los pliegos el pasado 9 de junio: Dredging International NV, Van Oord Dredging Marine Contractors BV, Jan de Nul NV y Boskalis International BV. «En el acto de apertura, la delegación de la Argentina, según consta en el acta labrada en la oportunidad, manifestó que la empresa Boskalis International BV ha perdido la condición de empresa precalificada», sostuvo un comunicado de la Cancillería argentina.

Argumentó que fue «por impedimentos a ser participante en los términos del artículo 7.2. (a) del Pliego de Precalificación de Empresas, por lo cual su oferta debe ser recibida en este acto y posteriormente ser declarada inadmisible al momento de la evaluación de las ofertas conforme artículo 3.11 del pliego del presente concurso de precios».

Según la agencia Noticias Argentinas, la representación del «Uruguay dejó constancia que apoya los procedimientos conforme a derecho», lo cual incluiría a Boskalis, que ya ha anunciado que si queda fuera del contrato por las razones aludidas iniciará un juicio contra los dos países. El contrato para dragado del canal Martín García se negocia este año con un piso de u$s 14 millones y un techo de u$s 21 millones.

Ahora un grupo de trabajo será el encargado de analizar las ofertas técnicas y económicas de las empresas, aunque posiblemente la situación en torno a Boskalis requiera de un acuerdo político de alto nivel.

La situación será analizada hoy en la reunión a solas que ha pedido José Mujica a Cristina de Kirchner durante la cumbre del Mercosur que tendrá lugar en Río de Janeiro, en donde están desde ayer Héctor Timerman y desde el domingo el embajador argentino en el Uruguay, Dante Dovena.

La Presidente dijo el viernes que no tenía previsto discutir el tema con Mujica y que debían resolver los cancilleres. El uruguayo, en cambio, le dijo ayer al diario La República que sí le planteará el tema y agregó: «No es saludable que los cancilleres estén contestándose por medio de la prensa». También afirmó en un acto barrial en Montevideo: «Tengo pendiente una charla con la señora». Esas expresiones del mandatario revelan uno de los puntos del debate que es hoy la mala relación entre Timerman con Luis Almagro por los reclamos del canciller argentino de que Uruguay haga una investigación plausible de las denuncias. Que en el acta de ayer de la CARP se haya incluido la objeción argentina a la empresa Boskalis indica una tregua entre ambas administraciones. La posición de Mujica es que el mantenimiento del canal se haga a toda costa, con Boskalis o sin ella, y que cese el juego de sus opositores sobre Almagro, cuya estabilidad en el cargo peligró en la semana anterior por este entuerto en el que todos hablan de una presunta coima, pero nadie dice haber visto ni una moneda ni ha identificado con pruebas a los protagonistas de esta trama.

El concurso de precios fue convocado para el mantenimiento del dragado, señalización y administración del canal Martín García, a 32 pies al cero de marea, hasta tanto se adjudique por licitación pública internacional la profundización del canal a 34 pies.

Las tareas de mantenimiento están a cargo de Boskalis, que consiguió una prórroga de seis meses hasta diciembre próximo, por lo que la ganadora del concurso de precios comenzará en enero. El domingo por la noche, el Gobierno de la Argentina, a través de un nuevo comunicado que difundió la Cancillería bajo el título «¿Quién protege a Riovía?», señaló al Uruguay de no colaborar en la investigación de la mención de la palabra «coima» en alguna negociación informal entre funcionarios de los dos países. La polémica se generó luego de que Bustillo relatase a funcionarios de su Gobierno acerca de esa mención de una presunta promesa de soborno del cual nadie ha dado ningún detalle.