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Duhalde acusó a Bonafini de intimidación pública
El abogado Osvaldo Lorenzo, apoderado de Duhalde, se presentó ayer en los tribunales federales de Comodoro Py y dejó la acusación junto con copias de las declaraciones de Bonafini. El expediente recayó por sorteo en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo.
Calificativo
El postulante presidencial ya se había ocupado de la dirigente de derechos humanos esta misma semana, cuando la calificó como «la madre de la violencia» en la Argentina. En la misma oportunidad dijo que Bonafini era «la madre de un ladrón», en alusión a Sergio Schoklender, investigado por un caso de presunta defraudación en la administración de recursos públicos, y aseguró que piensa «lo peor de ella».
En la presentación de ayer, recopiló una serie de declaraciones en las que según el denunciante, Bonafini se pronunció «en forma violenta y pública» con la supuesta intención de incitar a la «violencia colectiva». Y consideró que la organización Madres de Plaza de Mayo, si bien no constituye una «asociación ilícita», fue utilizada por la dirigente como base «para imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor».
Entre los dichos que enumeró figuran las críticas que Bonafini le dedicó a la Corte Suprema en la Plaza Lavalle en septiembre del año pasado, cuando afirmó que los miembros del tribunal eran «unos turros, cómplices de la dictadura». Y respecto de Julio Cobos había sostenido que estaba «armando un Gobierno paralelo» y que era «un hijo de remil putas». También mencionó sus quejas contra el Congreso durante una cita a Schoklender («es un nido de ratas»), sobre la intención de Inglaterra de extraer petróleo de las islas Malvinas («empecemos a calentar el aceite»), y contra el papa Benedicto XVI («deseamos que se queme vivo en el infierno»), entre otras.
Duhalde sugirió pedirles copias de filmaciones y publicaciones a los canales de televisión y diarios, entre ellos Ámbito Financiero. Los presuntos delitos achacados a Bonafini fueron incitación a la violencia colectiva, que prevé una pena de tres a seis años de prisión, y el de integrar una asociación que tuviera como objetivo imponer ideas propias o combatir las ajenas «por la fuerza o el temor», con una condena establecida de tres a ocho años de cárcel.


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