Efecto Gils Carbó: fiscales esperan más atribuciones

Alejandra Gils Carbó

La serie de reuniones organizadas por Alejandra Gils Carbó en las fiscalías especiales encargadas de investigar delitos puntuales, como lavado de dinero o ambientales, tuvo efecto entre los fiscales federales, quienes ahora esperan que la nueva procuradora general avance en el sentido de otorgarle mayores atribuciones al Ministerio Público, en especial desde Investigaciones Administrativas (FIA), puestos estratégicos al momento de investigar al poder político. Se trata de una posibilidad que el Gobierno observa con cautela, especialmente por su origen.

Las unidades especiales son dirigidas por fiscales que además conducen sus propios despachos, una suerte de subrogancia como la que se estila entre los magistrados. Gils Carbó ya inició contactos -y concretó reuniones- con varios de sus encargados. La titular del Ministerio Público ha preguntado por el nivel de actividad y, más en detalle, sobre los principales expedientes y, en algunos casos, sobre las trabas o complicaciones. Varias de estas fiscalías son ocupadas por hombres con oficina en Comodoro Py, como son los casos de Jorge Di Lello, Raúl Plee y Ramiro González. En el edificio de Retiro en un principio hubo incertidumbre sobre la candidatura de Gils Carbó, ya que entre los fiscales del fuero criminal se especulaba con que el plan B -luego de la caída de Daniel Reposo en el Senado- fuera un hombre del quinto piso. No por nada, en su almuerzo de despedida, el procurador interino Fernando González Warcalde comentó que su preferencia para reemplazarlo era Guillermo Marijuan.

Ahora los fiscales entienden el «road-show» de Gils Carbó como un primer paso para darle mayor protagonismo el Ministerio Público y, de paso, continuar con la impronta de González Warcalde, quien cuando sucedió a Esteban Righi (eyectado por la llamada trama Ciccone), envió a Julio Alak un proyecto de ley para ampliar las atribuciones de las fiscalías de Investigaciones Administrativas. El texto propone un cambio sensible: de implementarse las modificaciones, estos fiscales, además de presentar denuncias, podrán supervisar todo el proceso de instrucción.

Se trata de uno de los principales pedidos que en su momento había realizado el actual diputado por la UCR, Manuel Garrido, quien ocupó una de estas fiscalías y renunció fuertemente enemistado con el entonces procurador. Un dato: Garrido y Gils Carbó mantienen una buena relación que se inició a partir de la trayectoria de ambos en el Poder Judicial.

En el Gobierno no ignoran esto último y por ahora observan con cautela los movimientos de Gils Carbó. En su momento, el kirchnerismo había apoyado la resolución firmada por Righi que imponía límites al momento de investigar funcionarios. Por este motivo, Garrido había presentado su renuncia. Gils Carbó también impulsa cambios en el organigrama. Recientemente nombró a María Alejandra Cordone Rosello, referente en temas de derecho privado, como procuradora adjunta. Al mismo tiempo, decidió la salida de Juan Pablo Ugarte (a cargo de la oficina de Recursos Humanos) y Adrián Martchisio (Asuntos Institucionales).