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El campo presenta demanda judicial contra Banco Nación
La causa fue preparada por el estudio Casagne que asiste a la SRA y recayó en el Juzgado Federal Civil y Comercial 713, a cargo de Iván Garbarino.
Antes de la reunión de la Mesa de Enlace esta semana, la nueva conducción de Federación Agraria mantuvo un encuentro con los ministros de Economía, Axel Kicillof y de Agricultura, Carlos Casamiquela, con quienes acordaron que el Banco Nación no restringirá préstamos a productores que hayan obtenido 600 toneladas de soja y no acopien más del 10%. Por lo tanto, la medida judicial que ahora reclaman la Sociedad Rural y CRA está orientada a medianos y grandes productores sojeros.
"Tiene que funcionar esta medida cautelar porque se está violando la Carta Orgánica del Banco Nación donde en su artículo tercero dice textualmente que se funda para apoyar la producción agropecuaria, promoviendo su eficiente desenvolvimiento", sostuvo el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere. El dirigente señaló que "debería hacerse lugar a la medida cautelar para que los productores que tengan stock de soja, puedan moverse libremente sin necesidad de ir a la AFIP, para que les certifique que no tienen soja y ser sujeto de crédito".
La demanda también sostiene que las medidas violan los derechos de los productores agropecuarios que se garantizan en la Constitución Nacional, porque vulneran los principios de igualdad y no discriminación.
En enero de este año, la SRA y CRA decidieron cerrar las cuentas que tenían en el Banco Nación "como una respuesta al bloqueo financiero que el banco impuso a los productores de soja".
La medida había sido adoptada en la primera reunión realizada en 2015 por cada una de las respectivas comisiones directivas, encabezadas por el entrerriano Luis Miguel Etchevehere y el santafesino Rubén Ferrero.
"Hoy, la única forma que tiene el campo para defenderse de una inflación cercana al 40% anual es vender escalonadamente la producción, no sólo de soja, sino de cualquier otro producto. De lo contrario, perdería poder adquisitivo y no sería posible hacer frente al pago de sueldos, impuestos, servicios, insumos y todos aquellos gastos que se presentan a lo largo del año", había denunciado la SRA en ese momento.


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