El confuso Frente Amplio dice que busca nueva vía contra amnistía

Montevideo - Tras el traumático debate interno que impidió la anulación de la ley de amnistía, la coalición oficialista Frente Amplio (FA) de Uruguay abrió ayer una nueva instancia en la búsqueda de una solución a la impunidad parcial de los crímenes cometidos por militares y policías durante la última dictadura (1973-1985), lo que ya mereció un fallo adverso de la Justicia interamericana.

La Mesa Política del FA, máxima dirección ejecutiva, analiza desde ayer los pasos a dar, que incluyen la opción de un proyecto de derogación presentado en marzo del año 2010 por diputados del opositor Partido Nacional (PN), cuyo alcance legal no queda claro. En principio, el PN, que se opuso terminantemente a la anulación que impulsaba gran parte de la izquierda -contra la voluntad del presidente José Mujica-, entiende que la derogación no puede ser retroactiva.

El Gobierno uruguayo está preocupado porque el escenario al que se arribó impide cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 24 de marzo lo obligó a eliminar la Ley de Caducidad del ordenamiento jurídico y profundizar la investigación del caso de la desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman.

«La imagen internacional del país queda lesionada», dijo el canciller interino, Jorge Conde, al comentar el revés sufrido en el Congreso el miércoles 19, cuando se rechazó una norma interpretativa, promovida por el FA.

«Aunque no es lo que seguramente la Corte Interamericana está esperando, sabe que tiene que respetar la soberanía de Uruguay y admitir que (este país) procese su adaptación y su entera coherencia al derecho internacional de acuerdo con su propia realidad interna», agregó Conde.

Para los legisladores del PN, «si la norma es inconstitucional, no hay dos alternativas. El único camino es derogarla y quien tiene la facultad para hacerlo es el Poder Legislativo».

El expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010) propuso este fin de semana la creación de una comisión amplia, que conduzca a un «gran acuerdo político» para derogarla. En un acto partidario, realizado este domingo, Vázquez dijo que hay que quitarle dramatismo al tropiezo que tuvo la izquierda en el Congreso y sugirió buscar otros mecanismos que permitan un acuerdo.

La derogación de los actos administrativos de anteriores gobiernos, que archivaron denuncias por violaciones a los derechos humanos, es otra de las posibilidades que se manejan. Entre 1985 y 2005, los Gobiernos de Julio María Sanguinetti (1985-1990), Luis Alberto Lacalle (1990-1995), Sanguinetti (1995-2000) y Jorge Batlle (2000-2005) no canalizaron ningún juicio, instancia de excepción prevista en la ley.

Durante el primer Gobierno de la izquierda, encabezado por Vázquez desde 2005, se utilizó el artículo 4 de la norma para habilitar investigaciones de robos de bebés y operaciones ilegales de las que participaron civiles. Ello permitió el juzgamiento y encarcelamiento de una veintena de militares.

La posición de Mujica y del vicepresidente Danilo Astori es confusa, ya que volcaron una inocultable presión sobre los legisladores frenteamplistas para que no sancionen la anulación, objetivo que lograron en una dramática sesión parlamentaria del viernes 20, cuando a la Cámara de Diputados le faltó un voto por la defección de un legislador frenteamplista, quien declaró no querer votar «contra el presidente». El propio Vázquez, que se llamó a silencio durante el debate, pero se dejó citar por Astori, se enmarca en la misma situación.

También entró en el debate Guillermo Cedrez, un coronel retirado que preside el Centro Militar, una institución de carácter social, pero con fuerte presencia en el escenario político cada vez que se plantean temas militares, principalmente los relacionados con la actuación de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.

Cedrez sugirió la creación de la figura del «testigo colaborador» para otorgar garantías a quienes quieran informar sobre el destino de los desaparecidos.

Agencia DPA y Ámbito Financiero