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El Congreso de Uruguay reabrió todas las causas contra militares
La semana pasada se encontraron restos de desaparecidos en una dependencia militar de Montevideo, en una nueva prueba de que Uruguay no logró resolver aún el saldo trágico de la última dictadura (izquierda). José Mujica, que se había opuesto a la derogación de la ley de amnistía, apoyó ayer una norma que reabre los juicios en el país (derecha).
Tras doce horas de discusión los diputados aprobaron con los votos del oficialista Frente Amplio (FA, izquierda) -50 de los 90 legisladores presentes- el proyecto que había sido votado el martes en el Senado y que ahora pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Un centenar de personas que acompañaron la votación desde las barras del Parlamento celebraron con aplausos y cánticos de «se va acabar / la impunidad en Uruguay» el final de un tenso debate sobre un tema que ha dividido al país sudamericano en los últimos 26 años.
Con esta ley «saldamos los escollos normativos, salvo que después la Suprema Corte entienda otra cosa», dijo el senador oficialista Rafael Michelini, hijo del ex legislador Zelmar Michelini, asesinado en 1976 en Argentina en el marco del Plan Cóndor, una red de colaboración entre las dictaduras de la región.
«Nosotros pensamos que los jueces, incluso sin esta ley, iban a juzgar. Pero si en algún caso algún juez entendía que (el delito) prescribía, los familiares de las víctimas tienen una especie de ley subsidiaria a la cual apelar», explicó.
Para Juan Errandonea, abogado promotor de varias causas de derechos humanos, tras la aprobación de la ley que evita la prescripción «en principio no tendría que haber ningún cambio inmediato, las causas seguirían su trámite normal».
El abogado explicó que aunque militares retirados han indicado que apelarán a la Suprema Corte de Justicia para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la nueva norma, tendrán que esperar a estar procesados para poder presentar ese recurso.
El proyecto aprobado ayer «restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado» hasta el 1 de marzo de 1985, fecha del retorno de la democracia.
Además, declara estos delitos «crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales» y afirma que «no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad» para su juzgamiento.
Según sus impulsores, con la nueva ley se deroga de hecho la denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986 cuando la Justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos, y se cumple con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en marzo ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura.
La oposición, en cambio, se ha opuesto a todos los proyectos de derogación de la Ley de Caducidad basándose en que dos consultas populares (en 1989 y 2009) no lograron los votos necesarios para anularla.
«Sólo los autoritarios festejan un atentado a la democracia», escribió en su cuenta de Twitter la diputada del Partido Nacional Analía Piñeyrúa, mientras que Fitzgerald Cantero, del Partido Colorado, sostuvo que «el Frente Amplio acaba de desconocer la voluntad del pueblo».
El áspero debate ocurrió pocos días después del hallazgo de restos óseos en un predio militar en el marco de las excavaciones que se realizan en busca de los desaparecidos.
Según la Comisión para la Paz, que funcionó entre 2000 y 2003 para investigar el destino de los desaparecidos, hubo 38 personas desaparecidas en Uruguay. Además, se denunciaron 182 desapariciones de uruguayos en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y una en Brasil.
El miércoles, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, comandante José Bonilla, advirtió que si los delitos de la dictadura no prescriben será más difícil obtener datos sobre el destino de los desaparecidos.
«Para aquellas personas que algo sabían, podían a partir del 1 de noviembre, en la libertad de esa prescripción, poder aportar datos que sean importantes para llegar a lo que todos los uruguayos queremos: la verdad frente a los hechos ocurridos en el pasado», dijo Bonilla, lo que llevó al Gobierno de José Mujica a anunciar que el comandante será sancionado.
Mujica se opuso en su momento a la derogación de la Ley de Caducidad, pero apoyó la norna aprobada ayer.
Militares retirados, en tanto, anunciaron que presentarán acciones judiciales contra una treintena de exmiembros de grupos armados de la década de 1960 y 1970 que en su momento no fueron juzgados.
Para Michelini, tras la votación aún quedan tareas pendientes: «Falta mayor información, el hallazgo de los restos y en algún momento que las Fuerzas Armadas como instituciones pidan perdón y (digan) que nunca debió ocurrir lo que ocurrió, que el Ejército uruguayo asesinara a personas indefensas», enfatizó.
Agencias AFP, ANSA, Reuters, y Ámbito Financiero
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