Entre las normas en ciernes que preocupan está la Ley de Glaciares, que poco menos que impide la explotación minera en la Argentina. También la denominada «ley Moyano» que -según los industriales- instauraría un régimen cuasi soviético al dar participación a los gremios no sólo en las utilidades de las compañías privadas, sino también en el manejo de éstas. La ley que regula la medicina prepaga, que obliga a los prestadores a incorporar afiliados con patologías preexistentes y los fuerza a destinar un 50% de sus fondos de reserva a «inversiones» en títulos públicos, lo que pondría a las empresas «al borde de la quiebra» (sic de varios de los empresarios del sector).
En sentido inverso, los dirigentes empresarios siguen sin conseguir que el Gobierno dicte una nueva ley de riesgos laborales, dado que la que está vigente perdió sentido con el dictado hace ocho años de un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales los topes indemnizatorios allí fijados. Esto, dicen fuentes tan disímiles en lo ideológico como la UIA y la CAME, favorece una floreciente industria del juicio, que ya alcanzaría una suma acumulada por pleitos pendientes de resolución de más de u$s 2.000 millones.
En esta somera lista se deja de lado ex profeso el proyecto de «pacto de paz social» propuesto hace algunas semanas por la presidente Cristina de Kirchner en la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina. La realidad es que esta iniciativa -que ya fue lanzada varias veces antes, siempre con resultados nulos- despierta pocas o ninguna expectativa en los hombres de negocios, habida cuenta de que a quien deberán enfrentar para negociar es al líder de la CGT, Hugo Moyano. El camionero parece haber dejado de ser funcional a los designios oficiales (como lo fue hace pocos meses, cuando la pelea con el grupo Techint se saldó con un bloqueo de todas las plantas de su controlada Siderar), pero sus técnicas de «apriete» y sus tácticas de guerrilla piquetera dejaron muchos heridos en el empresariado, que desearían verlo corrido del centro de la escena.
De todos modos, y a pesar de estos indicadores negativos, es casi imposible encontrar a un hombre de empresas que diga que el año que viene será malo. Los economistas a los que consultan les aseguran que, en el peor de los casos, la economía crecerá un 7%, a caballo de los sostenidos precios de las oleaginosas y los cereales, y de la locomotora que es Brasil.
Novedades
Por esta causa, todas las terminales automotrices lanzarán nuevos modelos durante 2011, buena parte de cuya producción se destinará a satisfacer la casi insaciable demanda de los socios del Mercosur. En este marco, muchos autopartistas están aprovechando una política crediticia «blanda» del Gobierno para ampliar sus plantas: la intención es tratar de que -cada vez más- las unidades que salen de las terminales locales tengan la mayor proporción posible de componentes fabricados en la Argentina.
Es en este marco en que el presidente de la UIA, Héctor Méndez, y el hombre fuerte de AFAC (la cámara de los autopartistas) Rodolfo Acchille, levantarán en el predio que tiene Fiat en Ferreyra (Córdoba) una fábrica de partes plásticas para abastecer el nuevo modelo que hará la terminal italiana, y que es su gran apuesta para el próximo lustro. Méndez, entonces, parece haber hallado qué hacer a partir de abril cuando la central fabril que preside renueve autoridades. Desde hace casi una década las dos corrientes en que se dividen los miembros de la UIA mantienen un pacto de alternancia en el Gobierno, con buenos resultados: la Celeste y Blanca, que inspira el grupo Ledesma, designó a Méndez para los pasados tres años; ahora le toca el turno a Industriales, que orientan Techint y Arcor; el futuro presidente podría ser el actual secretario, el textil José Ignacio de Mendiguren (la Celeste y Blanca colocará el secretario).
Augurios
La mayor influencia de Techint en la entidad podría marcar una mayor conflictividad en el vínculo con el Gobierno. Hace algunas semanas, su CEO y principal accionista, Paolo Rocca, pronunció un durísimo discurso minutos antes de que la Presidente hablara en la Conferencia Industrial y propusiera el «pacto de paz social». El siderúrgico ni siquiera se quedó a almorzar; eludió sin disimulo cualquier posibilidad de tener que compartir el mismo ámbito con Moyano, que llegó a la ocasión acompañando a la mandataria.
No puede pintarse un panorama empresarial sin recordar el difícil y a la vez fructífero vínculo que mantuvieron durante casi ocho años con el fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Pese a lo complejo de la relación, el sector reconoce que en pocos gobiernos hicieron tan buenos negocios como en la administración del sureño. Después de que dejó el cargo, las cosas ya no fueron tan rosadas, sobre todo por la inflación, las renovadas presiones sindicales y la pérdida de competitividad por el estancamiento en el tipo de cambio.
Kirchner no era ajeno al mundo de los negocios; en sus períodos como gobernador de Santa Cruz había forjado buenos vínculos con empresarios de la región (Lázaro Báez, Cristóbal López), constructores que actuaban allí (Carlos Wagner, el grupo Petersen) y con la mayor firma del país, Repsol YPF. Esas relaciones sirvieron para que estos empresarios «sureños» -a los que se sumaron los cordobeses Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, dueños de la entonces pyme Electroingeniería- pasaran a jugar en primera.
A favor de Kirchner debe decirse que, por condiciones externas favorables, recuperación del consumo, medidas proteccionistas y tipo de cambio competitivo, resurgieron industrias que hasta 2003 parecían condenadas a muerte. Es el caso de la indumentaria, el calzado, los juguetes. La automotriz también pasó por una crisis casi terminal luego del fin de la convertibilidad, pero su resurgimiento tiene hoy más que ver con la creciente demanda brasileña que con medidas concretas tomadas por los Kirchner.
Desde los inicios de su Gobierno, mantuvo la vieja figura del «policía bueno», encarnada por el ministro de Planificación, Julio De Vido; y el «policía malo», rol que tiene a su cargo el inefable secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; y en otro plano, el camionero Moyano.
El arquitecto sigue siendo el interlocutor preferido de los empresarios; «Con Julio se puede conversar», suelen decir. Moreno y Moyano tienen a su cargo las operaciones «sucias», las que requieren violencia verbal, las que piden medidas controvertidas y de casi imposible cumplimiento. Muchos en las cámaras empresariales se preguntan si Cristina de Kirchner mantendrá este esquema creado por su fallecido esposo. Su batalla final en el campo de las empresas fue la pelea contra Techint y Clarín, con Moyano de operador.
Al margen de estas contiendas, los sectores comercial e inmobiliario parecen seguir con sus respectivos impulsos ascendentes: la inauguración de un nuevo shopping center en la zona norte, la reformulación de un «outlet» sobre el Acceso Norte y el proyecto de levantar un «alto gourmet» en las cercanías de Palermo Hollywood (sobre terrenos que eran del ferrocarril) parecerían demostrar esta afirmación. También la incesante construcción de torres de departamentos y oficinas, todas ellas destinadas a los sectores que no necesitan de crédito para comprar las unidades que se ofrecen, serían una prueba de que, una vez más, los ahorristas están apostando a los ladrillos como forma de preservar el valor de su moneda.
¿Habrá llegado entonces la era de las inversiones en «sólidos», en plena «guerra de monedas», como no se cansa de repetir un encumbrado empresario nacional con intereses en shopping centers, construcción, agroindustrias y hasta minería? El alza en los valores de los commodities y del metro cuadrado parecen darle la razón. n
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