El garantismo a la criolla

Ricardo Lorenzetti

El pensamiento de Heine referido a la reacción social -y la delincuencia («todo delito que no se convierte en escándalo no existe para la sociedad») puede explicar, a medias, algunas de las reacciones de una parte de la dirigencia argentina en estos días, al menos de esa parte que ha sido llamada a conducir el destino de la sociedad. Y es que lo que advirtió la mayoría de la población hace ya tiempo, hoy sale a flote en el mensaje de las autoridades: ya no hay en la Argentina auge del delito, sino escándalo delictivo. Un escándalo que se cobra, todos los días, muchas vidas inocentes, un número mayor de heridos y miles de personas que, sin padecer violencia física, son sometidas al miedo y al ultraje.

Encontrar cifras ciertas y actualizadas que muestren la realidad de la criminalidad en el país no es fácil, por cuanto se sabe que una de las formas de mitigar un flagelo, en todas partes del mundo, es el uso de la goma de borrar, el corrector o, para estar más a tono con los tiempos informáticos que corren, el «cortar y pegar» del procesador de textos Word. Otra de las variables es la verdad relativa o el eufemismo, como aquel que dice que en la Argentina hay 6,5 homicidios por cada cien mil habitantes y que la cifra de México, por ejemplo, triplica ese índice, como si la realidad pudiera medirse sólo por números dudosos, sin auxilio de otras circunstancias sociales.

Certeza

Sin embargo, el hombre argentino tiene la certeza de que, pese a la dificultad de encontrar cifras que revelen la verdad sobre lo que sucede en materia delictiva, algo está pasando y grave. Sin la menor inclinación al fatalismo, dígase que la situación raya el escándalo y no sólo por el número de delitos, sino por la cualidad o alevosía con que se perpetran. La realidad referida al crimen en la Argentina puede inferirse por las noticias que brindan los medios todos los días, por el boca a boca, pero también por la actitud de los gobernantes en estos días. Ha quedado en el escaparate político la preocupación de la propia presidente, Cristina de Kirchner; del presidente del justicialismo, Néstor Kirchner, y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, mandatario este último que propone reducir la edad de imputabilidad de los menores, entre otras medidas. Y tal es la preocupación que hasta el propio presidente de la Corte Suprema, el doctor Ricardo Lorenzetti, salió a pedir a los jueces moderación en la política de excarcelaciones.

Tanto Kirchner, que con razón reclamó a algunos jueces a ponerse los pantalones largos, como Scioli y el mismo presidente de la Corte han tratado de calmar con paños fríos en el mismo chichón de la sociedad, que además de estar dolida por la ola de delitos, está indignada por la ola de abolicionismo. En efecto, abolicionismo, porque se desprende no sólo de la certeza que tiene la sociedad, sino de los propios dicho de las máximas autoridades que aquí ya no hay garantías (las que se deben a todo ser humano), sino abolición de la pena en la que incurren ciertos filósofos del derecho, funcionarios y magistrados, a lo largo y ancho del país, en virtud de un enfoque con diafragma excesivamente cerrado por la raigambre ideológica.

Al tratar la problemática del delito, especialmente del hurto, robo, robo calificado y robo con armas seguido de muerte, no pueden caber dudas de que las causas son dos fuentes relevantes: la exclusión social en primer lugar y el consumo de drogas luego. Es cierto que sin extirpación de estas fuentes no habrá morigeración del crimen. Es cierto que a mayor pena no necesariamente corresponde menor delito, pero no es menos cierto que la corriente de pensamiento abolicionista no es viable en un contexto social como el nuestro. Y así como es verdad que mayores penas no disminuyen el alto índice delictivo, también es verdad que menos penas, en un contexto como el actual, contribuyen a incrementarlo y dan a la impunidad (en la escena cotidiana) estatus de derecho. Por eso para la sociedad suenan como una melodía, en medio de tanta música ininteligible, las palabras de Lorenzetti. Es que el argentino siente que no sólo es víctima de la acción de un delincuente, sino que lo es de una interpretación de la ley que lo desprotege, o de determinaciones de magistrados que, muchas veces, están ostensiblemente alejadas del sentido común y de la sana crítica y de la necesidad de la persona.

En este revuelto de los últimos días, y en virtud de que la mayor acción delictiva corresponde a menores, se discute sobre la necesidad de reducir la edad de imputabilidad de los mismos. Muchos países, con menor índice delictivo que la Argentina, han bajado y siguen estudiando el caso de la imputabilidad y muchos otros, razonablemente, tienen en cuenta la capacidad cognoscitiva o de entendimiento de la persona menor. La medida de reducir la edad para la responsabilidad penal puede ser razonable, pero lo que es indiscutible es que si no se emplazan institutos reformatorios, un cambio de la ley no implicará una modificación de la realidad. En este último aspecto, hay quienes han propuesto, en las últimas horas, ideas que pueden ser tenidas en cuenta tales como la construcción de institutos educativos modelos en zonas que no contemplen la idea de prisión, pero que tampoco posibiliten la fuga (se hace referencia a islas como la de Martín García, entro otros sitios).

Lo que es indudable es que si no hay mayor inclusión social y un combate efectivo contra las adicciones, el nivel del delito no se reducirá. Mas, sin embargo, es indiscutible, también, que en esta realidad el garantismo «a la criolla» flaco favor le hace a la sociedad que es doblemente víctima, por la acción del delincuente y la omisión de la pena.