El Gobierno habló de “incentivación”

Julio Alak y su segundo, Julián Álvarez, apuntaron contra Salvador Baratta, exjefe policial y actual concejal que responde a Massa.

Con delay, luego de insistir durante días con que los conflictos policiales eran responsabilidad de los gobiernos provinciales -el argumento inicial para despegar del caso Córdoba-, la Casa Rosada reaccionó ante la sucesión de protestas de fuerzas de seguridad y el temor a saqueos. Lo hizo con una receta clásica: denunció que forman parte de un intento desestabilizador.

A coro, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro del Interior, Florencio Randazzo; su par de Justicia, Julio Alak; y el vice del área, Julián Álvarez, apuntaron que los saqueos e intentos de saqueos no son "espontáneos", que se programan en línea con los acuartelamientos policiales. Cuestionaron el silencio de la oposición y, como cierre, apuntaron a Salvador Baratta, un exjefe de la Bonaerense, ahora concejal alienado con Sergio Massa que además conduce uno de los gremios -no reconocidos pero activos- de la Policía Bonaerense.

Al cumplirse casi una semana del estallido en Córdoba, protesta policial que luego se viralizó a otras provincias, la Casa Rosada salió, en bloque, a plantear una política de "mano dura" contra los saqueadores y a pedir, en medio de la amenaza de accionar judicialmente, a las fuerzas policiales que suspendan sus medidas de fuerza.

"Se producen delitos muy graves contra la Constitución nacional, como la alteración del orden público", dijo ayer Alak y llamó "a la reflexión para que quienes integran las fuerzas de seguridad soliciten sus necesidades, pero en el marco de la ley". En paralelo, el ministro de Justicia dijo que los policías en huelga "están promoviendo de forma indirecta robos agravados, extorsiones y amenazas contra el pueblo argentino".

Respecto de los saqueos, Alak aseguró "no son espontáneos, sino que están organizados porque detrás hay una organización que los estimula" y sostuvo que "está claro que tienen un componente que no obedece a una necesidad alimentaria".

El viceministro Álvarez, por su parte, denunció que a través de redes sociales como Facebook hay "convocatorias" para que se realicen "saqueos en la provincia de Buenos Aires" y en otros puntos del país, generando "un clima de desestabilización", por lo que responsabilizó a "sectores políticos".

Álvarez, además, involucró "al expolicía Salvador Baratta, hoy concejal por el massismo". El viceministro acusó a Baratta de "extorsionar a los municipios" para que permitan agremiar a los policías.

Baratta forma parte del Sinpope, gremio no reconocido -que tiene relación con la CGT disidente de Hugo Moyano-, pero que se sentó a la mesa de negociación, y fue electo concejal de Lanús en 2011 por el Frente para la Victoria (FpV) como parte de un acuerdo político que avaló Álvarez como dirigente de La Cámpora en ese distrito del sur del conurbano bonaerense.

Ayer, Baratta tomó una postura pública de rechazo a las protestas policiales. El Frente Renovador de Sergio Massa reaccionó, incluso, para esquivar la imputación de Álvarez. Massa reunió a los intendentes del FR con base en el conurbano y envió, además, un mensaje de repudio a los saqueos. "El que saquea es un ladrón", dijo el dirigente.

Más temprano, desde La Plata, regresado de urgencia de Brasil, Daniel Scioli pidió a la Policía que cumpla con su deber y recordó que desde que asumió como gobernador les otorgó un incremento del 320% a los salarios policiales. "Tienen una responsabilidad mayor que la de cualquier trabajador y no pueden tener en vilo o de rehén a la sociedad", dijo el gobernador y recordó que la fuerza "tiene la responsabilidad de cuidar los bienes de las personas, sus vidas, dar seguridad y prevenir".