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El Gobierno no quiere que Moneta compre radios de CIE
La causa recayó en el juez Ernesto Marinelli, titular del Juzgado N° 7 en lo Contencioso y Administrativo, quien ya intervino en un requerimiento presentado por el Gobierno para la remoción de Martín Redrado de la presidencia del Banco Central.
En este caso, el pedido de López -uno de los pocos radicales K que siguen fieles al Gobierno- y Vázquez es para que el «nuevo COMFER» (hoy Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) que preside Gabriel Mariotto se expida en un lapso perentorio sobre la presunta ilegalidad de la operación.
La movida de López, junto con las declaraciones que viene desparramando el propio Mariotto desde que este diario informó sobre la operación, muestra el disgusto que provocó no la compra por parte de Moneta-Garfunkel, sino el hecho de que los compradores no hayan sido dos empresarios K que pujaron por las radios hasta el último día: la cordobesa Electroingeniería de Gerardo Ferreyra y el constructor patagónico Lázaro Báez.
Cabe preguntarse si el celo exhibido por los funcionarios para que se cumpla la nueva Ley de Radiodifusión -que hasta ahora viene cosechando sólo rechazos en cuanto juzgado fue cuestionada- habría sido tan intenso en caso de que las emisoras hubieran sido adquiridas por esos empresarios.
De hecho, CIE le vendió AM América y la FM Aspen al empresario de medios cercanos al Gobierno Sergio Szpolski; Del Plata -que también fuera de CIE- fue comprada primero por Marcelo Tinelli que un año después se la «revoleó» a Electroingeniería.
Pese a estos antecedentes, CIE hace una semana decidió cerrar con Moneta (dueño de Belgrano) y Garfunkel (uno de los que aspiran a comprar Telecom) la venta de las FM Rock & Pop, Blue, Metro y San Isidro Labrador, la casi inaudible AM Splendid y una veintena de emisoras y repetidoras del interior.
La ley de medios, aprobada a marchas forzadas a fines del año pasado, permite tener sólo una AM y dos FM por región geográfica, por lo que la venta en bloque de esas radios incumpliría con ese supuesto. También obliga a quienes tienen más de ese número de radios a desprenderse del excedente.
Sin embargo, la norma está lejos de cumplirse porque una pléyade de magistrados de todo el país se pronunció en contra de sus supuestos.
Ayer, fuentes cercanas a los compradores dijeron a este diario estar «sorprendidos por el prejuzgamiento de la operación, cuando hay un plazo de 180 días para presentar la documentación ante el COMFER y recién han pasado dos».
Agregan que ya presentaron toda la documentación que les pidieron hasta ahora. «Negociamos con las dos leyes de medios en la mano, la anterior y la nueva, que todavía está en suspenso, y confiamos en que la compra quedará encuadrada dentro de la normativa vigente».
Lo que llama la atención en este caso es que difícilmente un hombre avezado como Moneta se habría lanzado a semejante desafío a los K sin haber negociado antes con el Gobierno y contar al menos con un guiño oficial.


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