El Gobierno vs. Citi, por custodia de los títulos

La Argentina no le permitirá al Citibank vender su negocio de "custodia" del pago de la deuda argentina con jurisdicción en Buenos Aires, y deja así en firme su amenaza de retirar la licencia del banco, sancionar a sus empleados y acusar de "Alterar el orden Público" a la conducción de la entidad, si el próximo 31 de marzo no liquida los u$s 15 millones de intereses del bono Discount. Así se lo hizo saber el Gobierno de Cristina de Kirchner al Citibank, al ratificar la carta que el martes desde el Ministerio de Economía se le enviara a la entidad afirmando que no se aceptaría ninguna propuesta por fuera del pago del vencimiento en tiempo y forma. Rechaza así el Ministerio de Economía que dirige Axel Kicillof la alternativa de que el Citibank cerrara la posibilidad de vender dentro del mercado financiero argentino el negocio de "custodia" del pago de la deuda local emitida bajo jurisdicción de Buenos Aires; alternativa que la entidad financiera había comunicado al juez Thomas Griesa también el martes.

Ese día el Citibank, a través de una carta firmada por la abogada que representa al banco ante el juez de Nueva York, Karen Wagner, le había comunicado al magistrado que "lo antes posible" vendería el negocio de colocación de deuda, para que sus actividades en la Argentina no se vean afectadas. Le pedía incluso al juez algo de paciencia, ya que la operación se concretaría "lo antes posible" (as soon as possible). Mientras tanto, fuentes del sistema financiero afirmaban ayer a este diario que el Citibank ya está en conversaciones avanzadas con al menos tres bancos de capitales argentinos para "vender" el negocio; al menos por un tiempo. Las negociaciones estaban casi cerradas con uno de los bancos locales (Comafi), que en las próximas horas pediría incluso una audiencia ante el presidente del Central, Alejandro Vanoli, para que el Gobierno bendiga la operación. Sin embargo, antes que se haga pública la operación, el Gobierno la dio por terminada; al menos por ahora.

La posición oficial que se sostendrá sobre el banco será que está obligado a cumplir con el pago de los vencimientos del 31 de marzo, y que de no hacerlo, el acto será considerado como una violación a la legislación nacional y las normas regulatorias del sistema financiero argentino. Las sanciones incluirían, según la nota enviada al banco el martes pasado, la "revocación de la licencia para operar en el país", más la aplicación de "responsabilidades penales a sus empleados". Puntualmente, la nota habla del CEO de la empresa, Gabriel Ribisch, la persona además a la que está enviada la carta. Para el Gobierno, si el Citibank no paga, estaría "bloqueando" la operatoria afectando "el orden público argentino" al impedirles a los tenedores de esos títulos el cobro "de esa deuda reestructurada".

A la entidad de origen norteamericano le queda aún como esperanza la difícil posibilidad que la Cámara de Apelaciones de Nueva York acepte el pedido de "stay" antes del 31 de marzo; y que, luego, en esa instancia se acepte tratar el caso para emitir un fallo de fondo. Si esto ocurriera, la definición en la segunda instancia norteamericana se daría ya ingresado 2016.

C.B.