El nieto que nadie buscaba

La aparición del nieto número 98 hijo de desaparecidos durante la represión clandestina de los guerrilleros representa un reencuentro familiar tan feliz como inesperado. En diciembre de 2007, el joven que acaba de recuperar su identidad se presentó en el Banco Nacional de Datos Genéticos, sospechando de su condición de niño apropiado. ¿Cómo se explica la demora de dos años en ubicar a su familia de sangre? Sencillamente porque ni los parientes de su madre, Marcela Molfino, ni los de su padre, Guillermo Amarilla, secuestrados por los militares en octubre del año 1979, lo estaban buscando. Ambas familias ignoraron durante treinta años la existencia de Martín Amarilla Molfino. El último contacto de la pareja de militantes montoneros con sus parientes tuvo lugar pocos días antes de su detención ilegal. Hasta es posible que en ese momento la propia madre del joven ignorase que estaba embarazada.

Hace unos meses, una persona que estuvo secuestrada en Campo de Mayo testimonió acerca de la posibilidad de un embarazo de la madre desaparecida y esto es lo que llevó a convocar a las familias para un test de filiación, cuyo resultado fue positivo. «Un regalo del cielo», dijo uno de sus tíos, y un consuelo tardío pero extraordinario para dos familias muy afectadas por la represión ilegal de aquellos años.

En diciembre de 2007 concluía el juicio al ex prefecto Héctor Febres por delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1977 y 1982. Cuatro días antes de recibir sentencia, Febres apareció muerto en su celda en un hecho sobre el cual planearon todas las sospechas, porque existía la expectativa de que éste utilizaría su derecho a hablar antes de ser condenado para revelar datos.

Uno de los abogados de los querellantes se lamentó de que los acusados y sospechosos se estuviesen muriendo «sin decirnos la verdad». Y sobrevivientes de la represión y familiares de las víctimas deslizaron la sospecha de que la muerte dudosa de Febres tenía un mensaje claro: mantener el pacto de silencio.

Edades

La imagen del último presidente de facto Reynaldo Bignone, de 81 años, y otros ancianos represores ingresando a la sala del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín evidencia que el paso del tiempo y la edad de muchos de los protagonistas del Proceso conspira contra la revelación de la verdad acerca del destino de tantas personas desaparecidas en esos años y, en particular, de los niños apropiados.

Claudio Tamburrini, doctor en Filosofía radicado en Suecia, donde se exilió durante la dictadura luego de fugarse de la prisión clandestina «Mansión Seré» (su caso fue llevado al cine), plantea desde hace tiempo la necesidad de reflexionar sobre la finalidad de los juicios iniciados en el país. Él no cree que sea el arrepentimiento, puesto que los imputados ni siquiera admiten la comisión de delitos. Tampoco evitar la reincidencia que, según él, depende más de factores históricos y políticos. La democracia está consolidada en el país.

En consecuencia, y dado que «todavía se ignora el destino final de muchas de las víctimas», Tamburrini propone priorizar el conocimiento de la verdad por sobre el castigo a los culpables ofreciendo, por ejemplo, la reducción de la pena.

Para fundamentar su propuesta, Tamburrini advertía: «La ausencia de una discusión amplia sobre los fines de las medidas penales contra militares acusados de violar los derechos humanos» podría hacer que «una reivindicación en principio justa y necesaria» llegase a ser concebida, «en particular por las nuevas generaciones, como una simple política revanchista sin razón ni fundamento, defendida solamente por quienes ya integran el círculo de iniciados».

Hasta ahora, poco se ha hecho en el país para quebrar el pacto de silencio, pese a que todavía hay entre nosotros muchos argentinos sin tumba y, sobre todo, muchos niños apropiados que no han recuperado aún su identidad, como para minimizar la importancia de los datos no revelados. Pero alguna alternativa habrá que buscar, antes de que sea tarde, si en verdad se le atribuye valor a la información retenida por los procesados.