Temer no es investigado oficialmente en la causa Lava Jato, pero fue mencionado por varios reos que se acogieron a acuerdos de colaboración con la Justicia, por supuestamente haber pedido donaciones ilegales para financiar campañas electorales de sus aliados. Sin embargo, aunque surgieran pruebas concretas sobre este caso o que lo implicaran en cualquier otro ilícito ocurrido hasta el martes, la Policía no podría accionar en su contra.
La Constitución brasileña, en su artículo 86, establece que "el Presidente de la República, en la vigencia de su mandato, no puede ser responsabilizado por actos ajenos al ejercicio de sus funciones".
Pero aunque Temer se pueda librar de las investigaciones, su entorno sí continúa en la mira de la Justicia.
En las tres primeras semanas en las que estuvo en el poder de forma interina, el pasado mayo, tres de sus ministros tuvieron que renunciar por la difusión de grabaciones comprometedoras que los relacionaban, de diferente forma, en el caso Petrobras.
En una de esas grabaciones polémicas, Romero Jucá, que ocupaba el Ministerio de Planificación y es un estrecho colaborador de Temer, sugería que si Rousseff era destituida, se podría "frenar" el caso Petrobras y "estancar la sangría" de investigaciones a políticos corruptos.
En ese mismo audio, por el que Jucá debió renunciar, un delator citó al Presidente y lo acusó de haber pedido "dinero negro" a constructoras implicadas en el caso Petrobras para financiar campañas electorales del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), algo que el mandatario negó de forma tajante.
La ventaja que supone la investidura para el entorno de Temer es que, al asumir cargos de alto nivel, como ministerios, se convierten en aforados y sólo pueden ser juzgados en el Supremo Tribunal Federal, mucho más lento que la justicia ordinaria.
| Agencia EFE |
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