El primer paso hacia un cambio en la legislación

El primer detalle llamativo del decreto 236 que dispuso las intervenciones del AFSCA y del AFTIC es que no se apoya en el decreto 13 que modificó la ley de ministerios y el nuevo ordenamiento a que deben someterse esos entes, aunque el ministro Aguad se refirió a una "rebelión" en ese aspecto. El 236 admite que se trata de organismos descentralizados y autárquicos y busca fundamentar las intervenciones en que no cumplieron con las funciones asignadas.

Afirma que "la ley 26.522 (medios audiovisuales) establece como políticas de Estado, la promoción, desconcentración y fomento de la competencia", y agrega que desde su sanción en 2009 "no se han logrado avances significativos". Alude también a que no se cumplió con las actualizaciones de sus disposiciones que debieron ser bianuales.

Curiosamente, la norma también indica que "se han verificado importantes decisiones adoptadas por el AFSCA y el AFTIC que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales o motivado conflictos judiciales, así como el dictado de medidas por el Poder Judicial contrarias a los actos administrativos emitidos que deben ser estudiadas y en su caso revisadas".

El decreto no lo menciona pero el principal conflicto judicial fue planteado por el grupo Clarín que primero cuestionó la constitucionalidad de la ley de medios, y cuando la misma fue refrendada por la Corte Suprema, presentó un plan de adecuación de activos distribuyéndoselos entre los accionistas de la empresa, por lo cual terminó siendo rechazado por el AFSCA que advirtió sobre una adecuación de oficio. Frente a esto decisión, Clarín logró un amparo judicial que todavía está vigente, aunque, según versiones, podría quedar levantado de hecho por los plazos judiciales en las próximas semanas, lo cual, según algunos analistas, explicaría el apuro del gobierno por decidir las intervenciones.

Los argumentos esgrimidos contra el AFTIC que empezó a funcionar en junio de este año , se remontan a lo actuado por la Secretaría de Comunicaciones al licitar frecuencias para la telefonía móvil , sobre lo cual el decreto indica que la dependencia "evidenció graves falencias en relación al objetivo de lograr la entrada de nuevos competidores".

La aseveración desconoce que en la mayoría de los países del mundo hay igual que en la Argentina a lo sumo tres operadores de telefonía móvil. Pero el decreto también abre sospechas sobre las actuaciones que "en forma tardía dieron por decaídas las adjudicaciones resueltas a Arlink". Esa empresa perteneciente al grupo Vila-Manzano no pagó en diciembre ni en una segunda oportunidad que tuvo en julio, u$s 560 millones que había ofertado por las frecuencias, e incluso llegó a pedir financiamiento del gobierno para cumplir.

Ahora el 236 menciona "fuentes periodísticas" que dan cuenta que Arlink planteó una cautelar por el tema, "cuyos alcances y consecuencias deben ser debidamente analizados", sin que esto se corresponda con el hecho de que las otras tres participantes de la licitación, pagaron las frecuencias sin manifestar quejas.

Por último, detrás del 236 se reflejaría un proyecto hacia el futuro de unificar el AFSCA y el AFTIC, con lo cual se abriría la puerta a la modificación de la ley de medios y la de comunicaciones.