El proyecto en danza sobre la Ley de Abastecimiento es un típico ejemplo del modus operandi kirchnerista en el que el remedio es peor que la enfermedad: con la excusa de que en los mercados pueden surgir problemas que requieren la intervención de defensa de la competencia (ej: el caso Microsoft en EE.UU.), propone una ley que le da excesivo poder a un funcionario para intervenir el funcionamiento de una empresa. Si más Estado quiere decir más poder arbitrario para el funcionario de turno, el resultado será menos inversión, más desempleo y más inflación.
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Una parte importante de la política económica kirchnerista consiste en políticas microeconómicas desacertadas que intentan cubrir políticas microeconómicas desacertadas anteriores. Así, los problemas no se solucionan sino que se agregan nuevos a los existentes. Las políticas ganaderas para proteger "la mesa de los argentinos" terminaron dos años después con menos producción, cierre de frigoríficos, pérdida de empleos y un fenomenal aumento de los precios. Poco después pasó casi lo mismo con el trigo: se cerraron las exportaciones y terminó cayendo la producción de trigo y aumentó el precio del pan.
Hoy, los argentinos vemos día a día la debacle de este modelo: hay despidos y suspensiones todos los días; y la inflación carcome el salario, que alcanza cada vez para menos. En este contexto, el Gobierno busca modificar la ley de abastecimiento para hacerla más operativa. Asegura su vigencia, cambia penas de prisión por multas y pasa la cuestión a fueros más amigos.
La reforma no puede sino afectar negativamente las perspectivas de un inversor. Con la sanción de esta ley, todo inversor debe suponer que está a una mera resolución del Poder Ejecutivo de ser expropiado de los frutos de su inversión. Las instituciones son fundamentales para el desarrollo económico de largo plazo, y eso incluye por cierto las judiciales. Como dicen Acemoglu y Robinson "Las instituciones económicas inclusivas promueven la actividad económica, el crecimiento de la productividad y la prosperidad económica." Y define a ese tipo de instituciones como aquellas que permiten "seguridad sobre la propiedad privada, un sistema legal neutral y una provisión de servicios públicos que provea un campo de juego nivelado en el que la gente pueda intercambiar y contratar".
Más allá de que son negativas porque son inconstitucionales, las reformas propuestas van en contra de instituciones proclives a la inversión y el desarrollo de largo plazo. Son un remedio que empeoran la enfermedad.
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