La histórica votación en la Cámara alta tuvo un resultado incontestable: 61 votos a favor de la salida de Rousseff y 20 en contra. Así, se superó en 7 sufragios la mayoría de dos tercios que era necesaria para despojarla del cargo.
Los legisladores encontraron a la petista culpable de incumplir la ley de responsabilidad fiscal, por haber modificado los presupuestos vía decreto, sin autorización legislativa, y porque consideraron que el Gobierno tomó créditos de la banca pública, algo prohibido por ley, al demorarse en hacer depósitos a esos bancos.
Durante el proceso, Rousseff negó que esas maniobras configuren irregularidades y también rechazó que ella tuviera cualquier intencionalidad al firmar los polémicos decretos, por lo que considera todo el proceso en su contra un "golpe de Estado".
La votación estuvo precedida de los encendidos alegatos finales de senadores de ambos lados, que estuvieron cargados de expresiones dramáticas y hasta de insultos.
El senador Lindbergh Faria llamó "¡canallas, canallas, canallas!" a quienes se disponían a votar a favor de la destitución, repitiendo las célebres palabras que profirió Tancredo Neves, uno de los padres de la democracia, cuando el Congreso apoyó el golpe de Estado de 1964.
Le respondió Ronaldo Caiado diciendo que los "verdaderos canallas" son los que "robaron" a Petrobras, un escándalo de proporciones gigantescas que salpicó al Gobierno de la ahora destituida mandataria, pero también a varios ministros del actual Gobierno e incluso a Temer.
Rousseff tuvo el alivio de salvarse de la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante ocho años, un castigo que suele ir aparejado al cese forzoso de un político, pero que el Senado decidió no aplicarle.
La separación de ambas votaciones fue solicitada a última hora por el Partido de los Trabajadores (PT), una moción que fue aceptada por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que presidió el juicio político en el papel de garante constitucional, y que causó polémica entre los opositores a Rousseff.
El titular de la Cámara alta, Renán Calheiros, que votó a favor de la destitución, hizo después una airada defensa para mantener los derechos políticos de la delfín de Lula da Silva.
Citó un refrán del noreste brasileño, "además de la caída, la coz", para expresar que no era necesario cebarse con Rousseff una vez consumada su expulsión de la Presidencia.
El propio presidente del STF también trató de ablandar a los senadores al advertirles que la inhabilitación es un castigo amplio que le impediría incluso trabajar en el "comedor de una escuela pública".
La decisión de separar las votaciones causó gran polémica en el Senado y fue responsable de demorar la sesión con la que se concluyó el largo proceso del juicio político, empezado formalmente el pasado mayo, pero que inició sus trámites en diciembre de 2015.
En la votación sobre los derechos políticos, 19 senadores cambiaron de opinión por lo que no se alcanzó la mayoría calificada de dos tercios: el resultado fue 42 votos a favor de la inhabilitación, 36 contrarios y 3 abstenciones.
Rousseff estaba apartada del cargo de forma temporal desde el pasado 12 de mayo, día en el que los senadores votaron a favor del inicio del "impeachment" y desde esa fecha la Presidencia fue ejercida de forma interina por Temer que ayer asumió el cargo (ver aparte).
"Dimos vuelta una página importante en la historia de nuestro país", dijo Aécio Neves, líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y quien perdió la elección presidencial en 2014 contra Rousseff. "Brasil se dio una nueva oportunidad para mirar al futuro y construir y tener una agenda de reformas en línea con la crisis económica", agregó.
El abogado de la destituida mandataria presentará una apelación contra la decisión del Senado.
Tras conocerse el veredicto, automovilistas hicieron sonar las bocinas en Brasilia y San Pablo celebrando la destitución mientras que organizaciones sociales cercanas al PT marcharon anoche en contra de lo que denuncian como "golpe de Estado".
En tanto, Neves anunció ayer que su formación y el derechista Demócratas (DEM) van a recurrir la decisión de mantener los derechos políticos de la destituida presidenta.
Además de mantener sus derechos políticos, la sentencia no la priva de los beneficios vitalicios a que tienen derecho los jefes de Estado al dejar el cargo, como a ocho funcionarios públicos para atender sus necesidades y a dos vehículos oficiales.
| Agencias EFE, DPA, Reuters, AFP y ANSA |
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