El latigazo a la corporación sindical que significa la detención de José Pedraza golpeó a toda la estructura de poder de un país en el cual el Gobierno tiene a los sindicatos peronistas como sus principales aliados. La reacción de los punteros del gremio de paralizar durante varias horas el servicio ferroviario, perjudicando a miles de ciudadanos que quedaron varados en las estaciones de la Capital Federal, por un hecho de crónica policial, pareció replicar la que dirigentes ruralistas hicieron hace dos semanas cuando otro juez detuvo al opositor Gerónimo Venegas con cortes de rutas. Pero esta vez la CGT guardó silencio e hizo saber que no habrá defensa corporativa como ocurrió en el caso del «Momo», que puso durante algunos días a Hugo Moyano en el rol de defender a un opositor duhaldista. El hecho de que haya decenas de gremios investigados por el manejo de los fondos de las obras sociales disparó ese respaldo ausente ahora en el caso de Pedraza, investigado por un asesinato que sus acusadores presumen instigó desde su sindicato.
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Con Juan José Zanola preso hace un año, el «Momo» en horas decisivas sobre su procesamiento y Hugo Moyano cercado por varios jueces, se afirma una novedad política: tambalea la estructura del poder sindical que es un ala del oficialismo. Alentador por lo inesperado de este fenómeno de que hay jueces que les pierden el miedo a los poderosos, quizás porque advierten que la corporación política ha dejado también de darles cobertura a los sindicalistas. En perspectiva ver a estos caciques en aprietos parecía más utópico que verlos caer como brevas a los Mubarak y a los Gadafi. Está ocurriendo todo junto en un proceso al que le falta aún un teórico.
La novedad es también incómoda para el Gobierno, que acompañó a Pedraza en actos hasta el año pasado inaugurando obras junto a Cristina de Kirchner. Cuando ocurrió la muerte del joven Ferreyra, el Gobierno comenzó a soltarle la mano porque el caso desnudó no sólo las consecuencias de la violencia sindical, sino la trama de negocios entre los jerarcas del gremio ferroviario a través de empresas que tercerizaban servicios del ferrocarril, ocupaban trabajadores con contratos precarios y, lo más importante, no sindicalizados, es decir, inhabilitados para votar en las elecciones y atentar contra el poder establecido en esa organización.
La prueba de ese desentendimiento la expresó el Gobierno con la designación de la fiscal que persiguió a Pedraza en esta causa como subsecretaria de Seguridad. Ese premio a Cristina Caamaño como segunda de Nilda Garré lo debió leer Pedraza como un seguro de desgracia. La misma que advirtió ayer cuando le hicieron saber que la CGT no le dará igual trato que al «Momo»; no habrá denuncias contra la jueza Susana López por perseguir a los gremios. Hasta la Unión Ferroviaria encapsuló su queja al hablar en un comunicado de que todo se trata de una «campaña panfletaria de un partido político», referencia al Partido Obrero de Jorge Altamira y Néstor Pitrola, estrellas ascendentes de esta trama porque un sector de los tercerizados se vincula a ese minúsculo sello del trotskismo de biblioteca. La CGT aclaró, para que no cupiesen dudas de que abandonan al compañero Pedraza en esa causa por presunto asesinato, que la reunión convocada para mañana sólo tratará la marcha de las paritarias.
Este intento apurado por ignorarlo al Pedraza en desgracia desnuda la incomodidad de sus amigos: la UF comparte con el sindicato de camioneros participación accionaria en la concesión del Belgrano Cargas, donde Franco Macri es socio principal. Es aún secretario de Cultura de la CGT moyanista, su mujer administra negocios del gremio en trenes, un sector beneficiado por subsidios millonarios por parte del Estado. Hasta logró vender como bien propio del gremio el edificio del policlínico ferroviario que le había sido donado por el Estado con esa finalidad expresa y cuya cesión debió retrotraerse.
Este entramado no alcanza ahora para que despierte respaldos; paga quizás su rol ambiguo en la corporación. Es un gordo «outsider»; se fue con ese sector cuando abandonaron la CGT, pero se mantuvo al calor de ese sello en donde conservó esa secretaría cultural que tampoco desempeñaba. Es el interlocutor de empresarios del sector que tampoco han hecho gesto alguno de protegerlo; ni es tan amigo de Moyano como lo es el «Momo» Venegas. Que lo indaguen por una trama policial más que política hace que ninguno de sus socios se sienta obligado a estar cerca de él en su peor circunstancia.
