Con una economía que dejó de generar puestos de trabajo genuinos hace tiempo, los problemas derivados de la informalidad laboral adquieren otra relevancia. La situación social de los trabajadores no registrados es muy precaria, ya que sus empleos son poco estables; no cuentan con seguridad social, ni protección legal. Además perciben bajos ingresos, lo que tampoco facilita su acceso al crédito. Todos estos factores los ubican al borde de la exclusión social, tanto más en un contexto recesivo y de alta inflación.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El modelo económico kirchnerista fue efectivo para reducir la informalidad laboral de los altísimos niveles posconvertibilidad. Desde 2004 a la fecha, el porcentaje de asalariados sin aportes jubilatorios (como se mide normalmente la informalidad, aunque puede ampliarse para abarcar otras categorías de informalidad "oculta") se redujo de casi la mitad del total a poco más de un tercio. Sin embargo, las ganancias del modelo en este frente parecen haberse agotado hace varios años: a pesar de los vaivenes económicos, la tasa de informalidad osciló alrededor del 35% desde 2008.
Ello no sorprende, ya que una política laboral basada casi exclusivamente en la inclusión derivada del crecimiento iba, tarde o temprano, a chocar con barreras estructurales. Un nivel de actividad dinámico ya no es condición suficiente para mejorar la situación de los trabajadores no registrados, algo que también se verifica en lo que hace al desempleo y la pobreza. El crecimiento permite la generación/mantenimiento de puestos de trabajo, pero no determina la calidad de éstos, que, para peor, tiende a deteriorarse en épocas recesivas.
Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, la informalidad afecta proporcionalmente más a las mujeres, con mucha gravitación del servicio doméstico: prácticamente la mitad de las asalariadas no registradas trabaja como empleada en una casa de familia. Asimismo, la informalidad aflige a los más jóvenes, quienes, con escasa o nula experiencia laboral, utilizan este tipo de empleos como una "puerta de ingreso" al mercado. Las personas de bajo nivel educativo también se ven relegadas a este tipo de trabajos. La necesidad familiar es una de las principales razones por la cual abandonan la escuela antes de tiempo y buscan empleo.
La informalidad se refleja no sólo en el capital humano, sino también en la baja productividad y los magros ingresos. Más de la mitad de los trabajadores informales no completó la escuela secundaria (3 de cada 10 apenas terminó la educación primaria) y un 66% no tiene acceso a servicios de salud. Estas serias deficiencias para acumular capital humano se reflejan en las características del empleo: gran parte de los informales trabaja en empresas pequeñas (hasta 40 empleados), caracterizadas por baja productividad y condiciones precarias (trabajos sin contrato, empleos intermitentes). En el plano salarial, los trabajadores informales perciben la mitad del ingreso promedio de los registrados. Previsiblemente, pertenecen a los estratos de menores recursos: prácticamente la mitad de ellos está incluido dentro de los primeros tres deciles de la distribución del ingreso (frente a un 18% para los trabajadores formales).
Resolver el problema de la informalidad requiere de políticas que apunten a brindar soluciones estructurales. Algunos ejemplos. En primer lugar, se podría profundizar la campaña para "blanquear" a quienes trabajan como servicio doméstico, ya que es el sector más afectado (y más numeroso). En segundo lugar, resulta clave retener la mayor cantidad de niños y adolescentes dentro del sistema educativo, para mejorar el capital humano y brindarles la oportunidad de acceder a un mejor porvenir. En este aspecto, la Asignación Universal por Hijo y el Plan Progresar poseen efectos positivos, generando incentivos correctos para el futuro de los jóvenes. En tercer lugar, fomentar el empleo juvenil en blanco, mediante beneficios impositivos para quienes contraten a jóvenes con nula o escasa experiencia laboral.
El Gobierno luce preocupado por reducir la informalidad laboral a nivel general. Recientemente, la Presidenta anunció un plan que apunta a reducir la tasa de informalidad a 28% en dos años, lo que implicaría la regularización de 650.000 empleados, con un costo fiscal anual de $4.150 millones. El proyecto de ley reduce las contribuciones patronales de las microempresas, mejora la fiscalización del Estado y crea un registro de empresas que violan la legislación, lo que les acarreará ciertos perjuicios. El paso dado en materia laboral es importante, sobre todo teniendo en cuenta que la propia dinámica económica juega en contra de la regularización del empleo. De todas formas, más que medidas aisladas tomadas frente a una coyuntura adversa, se necesita de una política gubernamental consistente, planificada a largo plazo y que involucre diversas áreas (impositiva, laboral, educativa) para atacar el problema de la informalidad laboral y sus negativas consecuencias sociales. Esperemos que el esfuerzo en este aspecto se mantenga durante los próximos años, cuando otras noticias probablemente ocupen un rol más central en la agenda pública, política y económica.
Dejá tu comentario