Embargan a petrolera Chevron en Argentina por u$s 19.000 M

El juez Adrián Elcuj Miranda dictó un embargo preventivo por hasta 19.000 millones de dólares sobre activos argentinos de la petrolera Chevron, por un juicio en Ecuador debido a una causa de contaminación en la zona amazónica.

Los grupos indígenas ecuatorianos que lograron un fallo favorable en su país en el caso ambiental obtuvieron una orden judicial para pedir el embargo en la Argentina y lograr un resarcimiento de la compañía estadounidense, que prácticamente no tiene propiedades en Ecuador.

«Nos parece un fallo ejemplificador», dijo Enrique Bruchou, abogado que representa a los demandantes en Buenos Aires. Añadió que «estamos diciendo al mundo que en América Latina es bienvenida la inversión extranjera que explota recursos naturales, pero debe hacerlo con los mismos estándares de protección ambiental que en sus países».

El fallo del juez Miranda, secretario de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y subrogado al Juzgado 61, embargó la totalidad de las acciones de Chevron Argentina, sus dividendos, una participación del 18% en un oleoducto, y el 40% de sus ventas de petróleo. Chevron puede apelar la medida, pero en Ecuador, ya que el embargo en la Argentina se hizo a pedido de un juez de ese país.

Bruchou afirmó que el pedido de embargo se respaldó en una decisión de la Justicia ecuatoriana de este mes, que dispuso incautar los activos de Chevron en la Argentina. La solicitud se realizó bajo el amparo de un acuerdo judicial regional -la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares en el Extranjero- al que suscribieron Quito y Buenos Aires y que rige la cooperación judicial entre los países de la región.

Por su parte, James Craig, de Chevron Corp., dijo no tener conocimiento «de ninguna acción legal de parte de los demandantes, ni tampoco de ninguna acción judicial en el país». Añadió que «Chevron Corp., el supuesto deudor en la fraudulenta sentencia de Lago Agrio, no tiene activos en la Argentina». Sostuvo que «todas las operaciones en ese país las llevan a cabo subsidiarias que no tienen nada que ver con el fraude de los demandantes en Ecuador». También dijo que «los abogados de los demandantes no tienen el derecho legal para embargar a las subsidiaria en la Argentina, y no se les debería permitir afectar las actividades energéticas del país».

Por último, Craig insistió en que «la sentencia de Ecuador es ilegítima y producto de fraude y soborno», sosteniendo que «el fallo ecuatoriano no es ejecutable en ninguna corte que respete el estado de derecho».

Los grupos indígenas también han llevado el caso a Canadá y Brasil y planean presentar demandas en Europa, Asia y Oceanía, donde ya contrataron estudios jurídicos. Otro pedido de embargo fue hecho en Colombia.

Las comunidades indígenas acusaron a la petrolera Texaco, adquirida en 2001 por Chevron, de verter aguas contaminadas en su territorio y causar daños en la salud de sus habitantes durante su operación en Ecuador en las décadas de 1970 y 1980.

Chevron, que rechaza las acusaciones y asegura que ha cumplido con un plan de remediación ambiental aprobado por la estatal Petroecuador, considera que el juicio en Ecuador es producto de un «fraude» y por lo tanto ilegítimo.