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Empresarios no se pusieron de acuerdo
Durante todo el día y hasta bien entrada la tarde los principales empresarios del país, y de todos los sectores, recibieron no muy sutiles «sugerencias» por parte de varios funcionarios del Gobierno para que acompañen a Cristina de Kirchner en la presentación de ese informe que contendría duras acusaciones contra los grupos Clarín y La Nación, así como a sus principales ejecutivos, en relación con el traspaso de las acciones de Papel Prensa del grupo Gravier a los mencionados diarios.
La Unión Industrial Argentina (UIA) decidirá hoy si van o no, y quién lo hace. Para el mediodía está prevista una reunión de la Junta Directiva (el órgano deliberativo de la entidad), pero se entiende que para entonces ya las dos agrupaciones en las que se dividen los industriales (la oficial «Celeste y Blanca», y la opositora «Industriales») en reuniones previas habrán decidido qué hacer.
Ayer en una asamblea de la poderosa COPAL, la entidad que agrupa a toda la industria alimentaria, se produjo la división que anticipó ayer este diario: los representantes de las empresas chicas y medianas se pronunciaron por acompañar a la Presidente en su anuncio; las más grandes y las extranjeras admitieron que no les gustaba demasiado la foto en la que iban a estar obligados a aparecer, pero que temían las represalias oficiales si se mostraban renuentes a ir a la Casa Rosada. Finalmente no se decidió absolutamente nada, pese a que la previa indicaba que la representación del sector quedaría delegada en la sola presencia del presidente de COPAL, el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja; el resto de los empresarios invitados decidirá hoy si va o no, seguramente en función de lo que decida la UIA.
Lo sucedido en COPAL es una muestra del clima que se vivió ayer entre el empresariado, muy preocupado por la ofensiva contra Clarín. No es que se pronuncien a favor del grupo Noble-Magnetto, pero sí les preocupa lo que perciben como una amenaza a la propiedad privada y a la seguridad jurídica.
De hecho, el comunicado de ayer de ADIMRA (industriales metalúrgicos) quejándose en duros términos por la inacción del Gobierno ante el bloqueo de las plantas de Siderar no deja de sorprender: el hombre clave de esa entidad es el ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain, uno de los empresarios más cercanos al Gobierno y que ha salido a defender muchas de las posturas oficiales más controvertidas de los últimos años.
También la central fabril presidida por Héctor Méndez hizo conocer en duros términos su preocupación por lo que sucede con los camioneros de Hugo Moyano a las puertas de las plantas de Siderar. Allí se vuelve a pedir seguridad jurídica y la defensa del derecho a la propiedad, y coinciden con ADIMRA en requerir al Gobierno que haga lo necesario para terminar con el conflicto.
Del otro lado de esta cerca se ubicarán sin dudas los representantes «naturales» de las pymes y de las industrias más favorecidas por las políticas de protección de la industria local instrumentadas por los Kirchner los últimos siete años. Es así que con toda probabilidad se verá en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno a los más altos dirigentes de CAME, la CGERA, la Fundación Pro-Tejer, la industria de la indumentaria y del calzado entre otras. Una ceremonia cuyo contenido aún es un misterio, pero que todos los comentarios tienen como objetivo modificar las tenencias accionarias en Papel Prensa. Y también trascendió que el grupo Clarín ya habría preparado un contradocumento respondiendo a todas las acusaciones que contiene el «paper» de 400 páginas elaborado por Moreno.


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