18 de octubre 2012 - 00:00

En un Uruguay dividido, es ley el aborto hasta las doce semanas

La votación de la despenalización del aborto en el Senado uruguayo fue seguida desde las galerías por militantes antiabortistas y defensores de los derechos de las mujeres. Sectores de la oposición anunciaron que intentarán derogar la ley a través de un referendo.

La votación de la despenalización del aborto en el Senado uruguayo fue seguida desde las galerías por militantes antiabortistas y defensores de los derechos de las mujeres. Sectores de la oposición anunciaron que intentarán derogar la ley a través de un referendo.

Montevideo - En medio de una fuerte polémica, el Senado de Uruguay dio ayer sanción definitiva a una ley que despenaliza el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación, lo que convierte al país en el tercero de América Latina en permitir las interrupciones de embarazos.

La iniciativa fue aprobada con 17 votos de 31, con el respaldo de los 16 legisladores del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) y del senador Jorge Saravia, exintegrante del FA y que actualmente milita en el opositor Partido Nacional.

«Es un día histórico para el Uruguay», dijo la senadora oficialista Constanza Moreira, e indicó que ahora hay que hacer una campaña para que las mujeres conozcan este derecho.

El proyecto ya había sido aprobado el 25 de septiembre por la Cámara de Diputados, por una ajustada mayoría de 50 votos a favor y 49 en contra, por lo que ahora sólo resta que sea promulgado por el Poder Ejecutivo.

El Parlamento puso así fin a décadas de debates sobre un tema que ha dividido a la sociedad uruguaya, tras el fracaso de cerca de una decena de proyectos de legalización del aborto desde 1978.

El más reciente fue en 2008, cuando el Parlamento habilitó la interrupción de los embarazos, pero la norma fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez -el primero de izquierda en el país- alegando «principios éticos» personales.

En cambio, su sucesor, José Mujica, ya anunció que no vetará esta iniciativa.

El proyecto aprobado ayer -que implicó una negociación con el Partido Independiente (PI) para lograr los votos en la Cámara de Diputados- prevé despenalizar la interrupción del embarazo si la mujer que quiera hacerlo se entrevista con un equipo interdisciplinario que le informará sobre los riesgos, las alternativas, los programas de apoyo a la maternidad y los de adopción.

La normativa también contempla el aborto para el caso de menores de 18 años sin el consentimiento de los padres, pero con el aval de un juez.

El debate enfrentó agriamente a quienes defendieron el derecho del embrión con quienes consideraron el proyecto una alternativa a la ineficacia de la ley actual, vigente desde 1938 y que pena con prisión a la mujer que consienta un aborto y a quien colabore con éste.

«Esta ley está alineada con los consensos sociales actuales en Uruguay», dijo el senador del FA Luis Gallo, quien enfatizó que «la sociedad no considera que la mujer delinque cuando aborta».

«Sólo el 0,04% de los 30.000 abortos que se dice se realizan en Uruguay termina en procesamientos», enfatizó el legislador.

Al realizarse de forma clandestina, los abortos en Uruguay son difíciles de contabilizar, pero según datos de organizaciones no gubernamentales en este país de 3,4 millones de habitantes se registran más de 30.000 abortos por año, frente a unos 47.000 nacimientos.

Desde la oposición, el senador Alfredo Solari, del Partido Colorado, cuestionó que «ésta es una mala solución a un problema médico social que tiene este país», indicando que instaura un sistema «complejo y dificultoso» y que acceder a una entrevista con un equipo multidisciplinario será «prácticamente imposible» en gran parte del interior del país.

Lejos de debates anteriores, rodeados de manifestaciones a favor y en contra de la iniciativa, esta vez menos de medio centenar de personas presenció la votación desde las gradas.

Paradójicamente, el texto finalmente aprobado fue cuestionado tanto por los grupos antiabortistas como por la Coordinadora por el Aborto Legal, quienes dicen que no garantiza a la mujer el derecho a decidir libremente sobre su cuerpo, ya que el texto impone demasiadas condiciones.

La parte de la sociedad civil que encabezó una «larga lucha por lograr la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo hoy siente un cierto grado de insatisfacción», admitió la senadora oficialista Mónica Xavier, redactora de dos proyectos anteriores que quedaron por el camino.

Avance

María José Scaniello, integrante de red feminista CLADEM-Uruguay, dijo tener «sentimientos contradictorios», pero que es «un avance muy grande en el acceso de las mujeres a un aborto seguro».

En tanto, desde el movimiento Provida, Sofía Reyes aseguró que «con ley o sin ley el trabajo va a seguir siendo apoyar a la madre para que pueda tener ese bebé».

Uruguay, un país con mayoría cristiana, pero donde el Estado y la Iglesia son independientes, es el tercero en América Latina en aprobar el aborto, luego de Cuba y Guyana. A ellos se suma Ciudad de México y Puerto Rico, Estado libre asociado de EE.UU.

Fiel a su tradición fuertemente liberal, fue el primero en América Latina en legalizar la unión civil entre homosexuales, otorgándoles derechos similares a los matrimonios heterosexuales, como el acceso a pensiones y la custodia de menores.

Asimismo, avala el servicio de homosexuales en las Fuerzas Armadas y permite que los enfermos terminales rechacen tratamientos que puedan prolongar su sufrimiento.

Una encuesta de la consultora local Cifra divulgada semanas atrás reflejó que el 52% de los uruguayos está de acuerdo con la despenalización del aborto, mientras que un 34% se manifiesta en contra. No obstante, el opositor Partido Nacional (Blanco) dijo que promoverá un referendo para derogar la ley una vez que sea promulgada. Para ello requerirá reunir en un año las firmas del 25% de los empadronados a votar.

Agencias AFP, Reuters y EFE, y Ámbito Financiero

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