Endurecen el control de lavado de dinero

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• Proyecto de ley propone que sea castigado con prisión

El Gobierno envió ayer un proyecto de ley al Congreso para «avanzar enérgicamente en la lucha contra el lavado de activos». En respuesta a los reiterados pedidos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Ejecutivo pretende introducir una reforma al Código Penal y a la ley de lavado para tapar los vacíos legales que hoy presenta. «El proyecto propone que el lavado sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente, como por ejemplo narcotráfico, eliminando la restricción existente en la legislación actual para el juzgamiento y condena del delito de autolavado», explicó ayer el ministro de Justicia, Julio Alak.

Con esta iniciativa que, de aprobarse modificaría el inciso 1 del artículo 278 del Código Penal, se establece una pena de 2 a 10 años de cárcel y un multa de dos a diez veces el monto de la operación involucrada, siempre que ésta supere los $ 200.000. El ministro indicó que «la nueva norma propone ampliar las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), promoviendo su intervención en los casos donde aparezca, como delito precedente, la extorsión y los actos reprimidos por la Ley Penal Tributaria».

Esta modificación se faculta a la posición de la UIF como querellante y su autoridad para solicitar -a cualquier organismo público y a personas físicas o jurídicas- información y antecedentes, en el caso de que sean objeto de una investigación por lavado de dinero. Además, no podrán oponer a este organismo «los secretos bancarios, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad».

En tal sentido, Alak sostuvo que el proyecto enviado «incorpora nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, entre los que se destacan los agentes o corredores inmobiliarios, las asociaciones mutuales y cooperativas, las personas y empresas dedicadas a la compraventa de vehículos y aquellos que actúan como fiduciarios».

La Argentina, miembro plenario de la GAFI desde el año 2000, hace caso con este proyecto a las 49 recomendaciones emanadas desde el organismo. Las mismas fueron suscritas por 130 países. Además, se ratificaron varios tratados internacionales que con la legislación actual se vuelven difíciles de cumplir. Entre estos acuerdos se destacan, la convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos; la convención internacional contra la delincuencia organizada transnacional; el convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, y la convención Interamericana contra el terrorismo.


Vea el proyecto de ley completo

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