Envión final para segundo juicio por causa AMIA

Juan José Galeano y Ricardo Lorenzetti

 Fracasaron todos los intentos de los acusados por lograr una nueva postergación en el juicio oral por el supuesto encubrimiento de la causa AMIA. El debate comenzará el 6 de agosto en los tribunales federales de Comodoro Py y llevará a juicio a jueces, fiscales, exdirectivos de la SIDE y exfuncionarios.

El exjuez Juan José Galeano esgrimió, mediante su defensora oficial Ana Baldán, que esta última requería más tiempo para analizar el expediente y preparar su defensa. El pedido fue denegado por el titular del tribunal, Jorge Gorini. La defensora Baldán suele realizar este tipo de planteos en casos complejos: es la misma solicitud que manifestó cuando defendió al empresario Valentín Temes Cotó, condenado en el affaire Manzanas Blancas por supuesto tráfico de drogas a España. En esa ocasión, el tribunal también lo rechazó.

Los defensores oficiales jugarán un rol prominente en el debate. En las últimas semanas fue notorio cómo todos los acusados despidieron a sus abogados (algunos, altamente cotizados) para buscar la defensa sustentada por el Estado. Es lógico: tener a un abogado rutilante comprometido en un juicio que se extenderá por más de un año implica un costo sideral.

Un detalle que viene a reflotar el debate sobre la finalidad de contar con defensores oficiales y la viabilidad en cuanto a su utilización por parte de personas que no están desprovistas de recursos materiales. El ejemplo más reciente es el caso Nisman: Sandra Arroyo Salgado, principal querellante, es jueza federal y afronta honorarios de todo un equipo de peritos, pero aun así cuenta con la asistencia de un defensor oficial.

El tribunal también rechazó la recusación contra Gorini impulsada por Hugo Anzorreguy. Acciones defensivas que confirman que la inquietud en este juicio debe rastrearse más en el desarrollo que en su etapa final: a lo largo del proceso se reflotarán cuestiones ásperas sobre la cotidianidad en Comodoro Py y la relación subterránea entre los jueces federales y la SIDE. Estos detalles obnubilan al Gobierno y por eso el subsecretario de Política Criminal, Luciano Hazan, ha conformado un equipo para desplegar el rol que tiene el Estado en este juicio, que es como querellante.

Al tanto de estos avatares, desde el tribunal ya requirieron contratos a la Corte Suprema para incrementar el staff, ya que gran parte del existente estará dedicada al proceso. El pedido se trasladó a la vocalía de Ricardo Lorenzetti la semana pasada y contó con la aprobación de la Casación Penal federal, especialmente de la titular del máximo tribunal penal, Ana María Figueroa.

La jueza Figueroa cumplió un rol crucial para activar el proceso luego de que los magistrados del tribunal avisaran que dicho debate recién podría iniciarse en 2016 por falta de tiempos para realizar la instrucción suplementaria.

Con esa gestión, que no estuvo desprovista de algún altercado, la camarista les dio un guiño tanto a la Corte como al Gobierno: a pesar de las distancias, en las alturas de ambos poderes precisan que el juicio comience en tiempo y forma, especialmente por los compromisos asumidos con los afectados del caso AMIA. Esas promesas cobraron más fuerza en las semanas posteriores a la muerte de Nisman.